Activistas británicos piden cambiar la legislación que prohíbe la asistencia médica al suicidio.
Jane Nicklinson y Paul Lamb llevaron el caso ante la máxima instancia judicial del Reino Unido.
Paul Lamb, ex obrero de 57 años paralizado por un accidente de tránsito, defiende que los médicos deberían poder ayudarlo a morir.
Este lunes comenzó la vista judicial sobre la petición presentada ante el Tribunal Supremo por activistas británicos para cambiar la legislación que prohíbe la asistencia médica al suicidio.
Jane Nicklinson, viuda de un tetrapléjico que intentó sin éxito morir ayudado por los médicos, y Paul Lamb, ex obrero de 57 años paralizado por un accidente de tránsito, llevaron el caso ante la máxima instancia judicial del Reino Unido.
Ambos pretenden que el Tribunal Supremo introduzca cambios en la actual normativa para que las personas con discapacidad tengan derecho a recibir asistencia médica con el fin de poder morir con dignidad.
Los jueces tendrán que determinar si la ley que prohíbe el suicido asistido en el Reino Unido, de 1961, es compatible con la Convención Europea de Derechos Humanos al negar a Lamb, y a otros en su situación, el derecho a escoger cuándo morir.
Nicklinson y Lamb defienden que los médicos deberían poder ayudar a morir a aquellas personas que tengan un deseo "voluntario, claro, firme e informado" de poner fin a su vida pero no pueden llevarlo a cabo sin asistencia médica.
En la vista, el abogado Paul Bowen, que representa los intereses de los demandantes, argumentó que la actual situación ha tenido "consecuencias crueles y extraordinarias" para algunos discapacitadas.
Según el letrado, esos enfermos no han podido terminar con "un sufrimiento insoportable con dignidad" y esa situación les ha dejado con la opción de optar por una muerte "menos digna", que podría implicar que otras personas afrontaran cargos judiciales.
