El Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidirá sobre un plan que defiende el derecho de los usuarios a ser olvidados.
Otro grupo de activistas busca lo contrario: el derecho a ser archivado.
La discusión se revitalizó al filtrarse que se ha espiado a millones de usuarios de internet.
Internet tiene una muy buena memoria. Y, si alguien sube una foto de su adolescencia que quizá no le favorece mucho, es prácticamente imposible borrarla de la red.
No sólo tiene que ser una foto embarazosa. A lo largo de sus vidas las personas generan datos, información o videos que pueden hacerlos sentir incómodos en el futuro o ponerlos en una situación injusta que perjudica su reputación.
Por eso un grupo de activistas y parlamentarios presentaron en 2012 ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una propuesta de ley que defienda el derecho a ser olvidado y obligue a compañías como Google y Facebook a borrar aquello que sus usuarios no quieren en la red.
La decisión está prevista para finales de este año. Pero mientras tanto, otro grupo de activistas está haciendo campaña para que se defienda algo en cierta medida opuesto: el derecho a ser archivado.
El archivo
Los contradictores del derecho al olvido están representados por la Asociación de Archivistas Francesa, un grupo de 1.700 expertos en guardar documentos que trabajan en instituciones públicas y privadas a lo largo de Francia.
Su argumento es que el derecho a ser olvidado puede complicar la recolección y digitalización de los documentos públicos que sirven para registrar la historia, como los registros de nacimiento o las transacciones de bienes raíces.
"La ley parte de un buen punto, que es proteger a la gente cuya información personal está publicada en internet", le dice a BBC Mundo Jean-Philippe Legois, presidente de la Asociación.
"Si queremos entender la sociedad de hoy en día en el futuro, tenemos que mantener ciertas huellas".
Según Legois, que es el archivista municipal de Sevran, un suburbio de París, una legislación así puede perjudicar la posibilidad de que se guarde la información que se produce en las redes sociales, "que es lo mismo que era antes el correo", así como el escrutinio que se hace -o se puede hacer- de los organismos privados y públicos.
Los archivistas dicen no tener problemas con la preocupación por el uso de información personal en plataformas como Google y Facebook. Pero creen que hay soluciones distintas a la eliminación de la información, como archivistas que actúen de guardianes.
¿Seguro?
El problema principal para los defensores del derecho al olvido es el proceso mismo de archivo de la información: ¿de verdad podemos confiar en Google y Facebook para que guarden nuestros secretos sin ningún tipo de regulación?
La regulación recomienda que los proveedores de servicios soliciten el consentimiento de sus usuarios cuando tratan con información personal. Al no cumplir con la reglamentación, los proveedores de servicios podrían ser multados hasta 1,3 millones de dólares el 2 por ciento de su cifra de ventas.
Parte de la discusión se revitalizó con la publicación de documentos secretos que revelaron cómo las agencias de inteligencia de Estados Unidos y Reino Unido han estado espiando a millones de usuarios de internet y teléfonos móviles.
La privacidad es un tema de debate en auge. Y un hombre que personifica los argumentos a favor del derecho al olvido es el español Mario Costeja, que pasó de ser víctima a ser activista a favor del derecho al olvido.
Hace 15 años, un anuncio oficial sobre el embargo de sus bienes fue publicado en un diario español y ahora, que ya pagó sus deudas, el link sigue apareciendo de primeras cuando uno busca su nombre en Google.
"Para Google sigo siendo deudor y casado", le dijo Costeja al diario El País.
"Pero Google se niega a borrar el link (...) porque únicamente los editores o tribunales, y no los individuos o los motores de búsqueda, deben tener el poder para eliminar la información, suponiendo que fue publicado legalmente", según declaraciones de Costeja reproducidas por The New York Times.
El alemán Jan-Philipp Albrecht, miembro del Parlamento Europeo, le dijo a ese mismo diario que está trabajando en un acuerdo que proteja el archivo de los datos de interés público, al tiempo que darles control a los individuos sobre su información.
Los archivistas, sin embargo, se mantienen en su defensa. E hicieron una petición que ha sido firmada por 50.000 personas y salieron a las calles con carteles que decían: "Sin un nombre, ¿los compromisos de los hombres tienen el mismo significado?".
