Más de un centenar de políticos de todo el mundo, entre ellos los senadores José Miguel Insulza (PS) y Alejandro Navarro (País), la diputada Karol Cariola (PC), el ex presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, piden al Reino Unido que detenga la extradición a Estados Unidos de Julian Assange y le ponga en libertad.
Trece antiguos y actuales jefes de Estado y de Gobierno, numerosos diputados y diplomáticos de 27 países han suscrito una carta al Ejecutivo británico impulsada por la organización internacional de juristas "lawyers4asange", donde se denuncia "la ilegalidad" del proceso contra el fundador de WikiLeaks, se indica en un comunicado.
En la misiva, los abogados y expertos legales sostienen que el juicio de extradición instigado por EE.UU., que reclama al australiano por 18 presuntos delitos de espionaje e intrusión informática, "viola la legislación nacional e internacional y los derechos a un juicio justo y otros derechos humanos", y "amenaza la libertad de prensa y la democracia".
Entre los políticos que suscriben el texto están el ex líder laborista británico Jeremy Corbyn; los antiguos presidentes de Brasil, Dilma Roussef; Colombia, Ernesto Samper; Bolivia, Evo Morales; o Paraguay, Fernando Lugo; el actual mandatario de Argentina, Alberto Fernández, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
La iniciativa se suma a otras campañas promovidas para conseguir la liberación del periodista (que está en prisión preventiva), entre ellas una de Amnistía Internacional (AI) en la que pide a Washington que retire sus cargos, que ya ha recabado más de 400.000 firmas.
Assange, de 49 años, afronta el lunes en Londres la tercera semana de su juicio de extradición por las revelaciones de su portal WikiLeaks, que rechaza al considerar que está políticamente motivada.
Además de cuestionar la legalidad del proceso, "lawyers4assange" denuncia que se ha puesto en peligro el principio británico de "justicia abierta" y transparente al no permitir el acceso a la sala, aunque sea por vía remota, de "observadores independientes", como AI y parlamentarios de varios países, entre ellos España.
