Regula la ocupación del borde costero de la provincia de Chiloé mediante el otorgamiento de concesiones marítimas.
Los diputados de la instancia aprobaron la idea de legislar esta iniciativa presentada por el Ejecutivo.
El mensaje continuará con su discusión en particular durante las próximas sesiones de la Comisión de Vivienda.
La Comisión de Vivienda, que preside la diputada Claudia Nogueira (UDI), aprobó por unanimidad la idea de legislar el proyecto de ley que busca principalmente la conservación patrimonial de los palafitos de Chiloé y, a la vez, facilitar su saneamiento urbanístico dotando a sus ocupantes de un título legítimo.
La iniciativa pretende incentivar la regularización de estas construcciones emplazadas sobre bienes nacionales de uso público a través del régimen de concesiones marítimas, que constituye la forma de ocupación sobre esta clase de bienes demaniales (de dominio público), con las reglas especiales necesarias para enfrentar los problemas particulares que el régimen concesional general no recoge íntegramente.
El régimen concesional establecido en el proyecto tiene por base la ocupación del sector efectuada por el interesado, o por otra persona en su nombre, en la actualidad y desde el 31 de diciembre de 2012, situación fáctica que puede acreditarse por cualquier medio legal, excluyendo la prueba testimonial.
Asimismo, con el objeto de evitar que terceros, distintos del ocupante original, se acojan a los beneficios de esta ley en perjuicio de éste, se excluye la ocupación amparada en cualquier contrato celebrado con un tercero que no importe el ánimo de enajenar o en el que se ha acordado conceder el uso y goce del inmueble o permitir dicha ocupación a título de mera tenencia.
Las concesiones marítimas acogidas a la presente ley se otorgarán por el plazo de veinte años, periodo que permite compatibilizar la adecuada gestión del borde costero, evitando una petrificación total, con la necesidad de dotar de seguridad jurídica a sus ocupantes.
Regularización
Las edificaciones construidas antes del 31 de diciembre de 2012 podrán regularizarse de acuerdo al régimen especial establecido en esta misma ley, en el plazo de un año desde la notificación del decreto supremo de concesión marítima.
"De esta forma, se provee una solución concreta a la necesidad de regularización urbanística de los palafitos", se acota en la iniciativa.
Finalmente, el proyecto determina que la ejecución de cualquier obra de edificación en la construcción regularizada, requerirá el correspondiente permiso de la Dirección de Obras Municipales, a petición del concesionario, resguardándose que dichas obras no atenten contra la adecuada mantención y el valor arquitectónico de las edificaciones, para cuyo efecto el concesionario deberá cumplir con los parámetros establecidas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo mediante decreto supremo suscrito además por el Ministro del Interior y Seguridad Pública.
Lo anterior, es sin perjuicio del cumplimiento de los procedimientos especiales que contemple la normativa, en el evento que la edificación sea declarada en alguna categoría de protección oficial.
El mensaje continuará con su discusión en particular durante las próximas sesiones de la Comisión de Vivienda.
