En un fallo unánime, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió anular el acuerdo establecido el pasado 8 de julio entre la Fiscalía y las defensas de los ejecutivos de las farmacias involucradas en la colusión para subirlos precios de 220 medicamentos entre 2008 y 2009.
El polémico acuerdo definía la suspensión condicional del proceso a cambio de que los imputados cumplieran durante un año clases de capacitación en "ética empresarial", además de donar un total de 230 millones de pesos a instituciones sin fines de lucro como la Corporación Nacional del Cáncer, la Liga Chilena contra la Epilepsia, la Cruz Roja y Coaniquem.
El presidente de la Sexta Sala, Mauricio Silva, explicó que "el tribunal entendió que las probabilidades daban como para manejarse dentro de los tres años, o hasta los tres años (de pena contra los imputados), nosotros creemos que también habían antecedentes que se podía subir de ese tramo y habiendo esas posibilidad, había que inclinarse por la decisión que tomamos".
Este acuerdo fue impugnado judicialmente por el ex diputado DC Jaime Mulet, quien se declaró satisfecho por la resolución del tribunal de alzada.
"Yo creo que la Corte ha resuelto en Justicia", dijo Mulet, que afirmó que estaba esperando este fallo "con nerviosismo, porque uno nunca sabe...".
"Creo que la Corte ha corregido las cosas y lo que ha hecho es (fijar) que frente a situaciones de abuso, cuando un fiscal ha pedido una condena de cinco años, no puede después suspender condicionalmente el procedimiento y dar una multa y dejar a la gente como blanca paloma. Lo que la Corte, en definitiva, ha dicho, es: 'Que haya juicio'", celebró.
Cristián Muga, defensor de uno de los ejecutivos imputados, desdramatizó este fallo.
"Nosotros no valoramos esto como una decisión negativa, sino que simplemente, como una garantía esencial del proceso, que es el juicio oral para los imputados. El juicio oral es garantía y nosotros estamos desde hace mucho tiempo preparados para esa instancia", dijo el jurista.
Salcobrand y Cruz Verde fueron condenadas a pagar 19 millones de dólares por la Corte Suprema por este caso, al confirmar el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia contra las compañías. Ahumada pagó sólo un millón luego de acogerse al mecanismo de la delación compensada, que destapó el escándalo en el año 2009.