El fiscal nacional, Jorge Abbott, criticó el proyecto anticolusión aprobado en el Senado y que propone penas de cárcel de hasta 10 años para los involucrados, ya que a su juicio, la iniciativa no permite al Ministerio Público perseguir penalmente el delito.
La actual propuesta sólo faculta al Ministerio Público a iniciar una investigación penal una vez que se tenga una sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y una querella de la Fiscalía Nacional Económica, lo que fue crticado por Abbott.
"Nuestra preocupación dice relación, fundamentalmente, con que el ejercicio de la acción penal, en los términos que está aprobado actualmente el proyecto, se entrega en exclusiva al fiscal nacional económico, que es un funcionario de la administración central del Estado", expuso el jefe del Ministerio Público.
Abbott añadió que "es importante que el ejercicio de la acción penal le corresponda al órgano constitucional llamado a hacer investigación y persecución penal, que es el Ministerio Público".
"Si eso queda como resorte exclusivo de la voluntad unilateral, aunque deba fundarla, de parte del fiscal nacional económico, pensamos que ésta va a ser una legislación absolutamente incompleta y no va a haber una real persecución de un delito tan grave, como el delito de colusión", remarcó.
Los casos investigados por el Ministerio Público hasta ahora no han llegado a buen puerto, ya que en el caso farmacias no hubo sanciones penales para los responsables y en cuanto al papel tissue, la Fiscalía Metropolitana Sur se vio obligada a no perseverar ante la falta de antecedentes negados por la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
Otras reacciones
Desde los consumidores, el presidente de Conadecus, Hernán Calderón, criticó que "va a ser un acto discrecional del fiscal nacional económico, donde no hay mecanismos para poder (hacer) que tenga la obligación de hacerlo bajo ciertas circunstancias".
"También tendría que haber otro tipo de mecanismos, como por ejemplo, el tema de la remoción del fiscal y, bajo ciertas circunstancias, la obligación de presentar la acción penal", sugirió Calderón.
En tanto, el diputado DC Fuad Chahín sostuvo que "esto podría significar que el inicio de la acción penal se pueda prolongar en cuatro, cinco o seis años, cuestión que lo que hace es quitarle eficacia a la acción penal, por una parte, y, por otro lado, permitir que el infractor pueda eludir la acción de la justicia".
Finalmente, la senadora de la UDI Jacqueline van Rysselberghe afirmó que "en la medida en que se aumentan las penas para la colusión, que nosotros de verdad condenamos, esto va a mejorar. Ahora, si la Fiscalía considera que hay algo que mejorar, yo creo que está todo el mundo abierto al diálogo, pero con quienes tiene que hablar primero es con el Gobierno".
Luego de ser aprobado en el Senado, este proyecto será votado este martes en la Cámara de Diputados y si no se aprueba pasará a una comisión mixta donde podría ser perfeccionado y tomarse en cuenta las críticas del fiscal nacional.
