El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió en fallo dividido a los 10 imputados por el caso colusión de Farmacias, por la coordinación para elevar el precio de medicamentos entre 2007 y 2008.
Los imputados fueron acusados por el Ministerio Público de realizar coordinaciones para alterar de manera fraudulenta los precios de más de 200 medicamentos, entre diciembre de 2007 y abril de 2008.
El veredicto fue leído este martes por la jueza María Inés Collin, en el cual manifestó que no se puede acreditar que las cadenas de farmacias Salcobrand, Cruz Verde y Ahumada hayan alterado de forma fraudulenta los precios de los productos.
Así, los 10 imputados por este caso Sergio Purcell y Ricardo Ewertz (ex Fasa); Ricardo Valdivia y Cristián Catalán (relacionados en el caso por Cruz Verde), y Roberto Belloni, Ramón Avila, Claudia Carmona, Judith Carreño y Mehilin Velásquez (Salcobrand), además del ex gerente general de Laboratorio Medipharm, Mario Zemelman, quedaron libre de cargos.
Si bien se acreditó la existencia de correos electrónicos donde las partes hablaban explícitamente de coordinar alzas, a juicio del tribunal no se puede inferir que esto sea fraudulento o que tuviera como finalidad lucrar en desmedro de los clientes.
"Para que esa coordinación, como medio de ejecución tenga repercusiones penales, debe ser fraudulenta, lo que significa engañosa, falaz, calificativo que no es posible atribuir a la acción de coordinar a la que aluden los correos electrónicos referidos al no desprenderse de pruebas rendidas en juicio", dijo la jueza Collin en la lectura del veredicto.
La magistrada añadió que "en consecuencia, no es dable inferir pura y simplemente del vocablo coordinar una intención falaz una intención destinada a conseguir como resultado la tergiversación artificial y capciosamente para lucrar con ello causando perjuicio a los destinatarios de los medicamentos que son los compradores finales".
Según el dictamen, cada cadena farmacéutica tomó la decisión de subir los precios atendiendo a los factores individuales de cada compañía.
Fiscalía reclama legislación adecuada
A juicio del fiscal Carlos Retamal, quien pedía cinco años de prisión para cada uno de los imputados, aquí no faltaron pruebas, como señala el fallo, sino que una legislación adecuada.
"Entendemos que no faltaron pruebas, hubo pruebas relevantes, consistentes, coherentes, que permitieron establecer la existencia de un mecanismo de acuerdo de precios y la participación directa de los acusados en estos hechos", dijo el persecutor.
"El voto decisivo del fallo da cuenta de un problema de calificación, la inferencia natural de eso es que se requiere un cambio normativo", enfatizó.
Defensa valora la resolución
A su vez, Cristián Puga, abogado de Salcobrand, valoró el veredicto del tribunal y para él nunca se debió llegar a esta instancia judicial.
"Lo único que podemos decir después del veredicto es que estamos muy satisfechos es una resolución judicial que esperábamos hace mucho tiempo y es un fallo que nos llena de satisfacción", dijo el defensor.
"Esto nunca ha sido un delito y este fallo nos respalda en ese sentido", recalcó.
El tribunal anunció que el próximo 28 de julio, a las 12:00 horas, se dará a conocer la sentencia completa por este caso y se conocerá de eventuales recursos de nulidad.
El juicio oral
Este lunes finalizó la última de las 65 audiencias del juicio oral, donde se realizaron las réplicas del Ministerio Público, querellantes y defensas de los acusados, luego que la semana pasada presentaran sus alegatos de clausura.
Cabe recordar que a principios de julio de 2013, la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte ofreció a los ejecutivos vinculados al caso un acuerdo que implicaba que debían ir a clases de ética, además del pago de una multa en donaciones a instituciones de salud y ONG, como la Corporación Nacional del Cáncer, la Liga Chilena contra la Epilepsia, la Cruz Roja y Coaniquem, por un monto de unos 230 millones de pesos.
Sin embargo, a fines de agosto de ese mismo año, la Corte de Apelaciones revocó el acuerdo y determinó que los 10 ejecutivos de las farmacias debían ir a un juicio oral.