La Fiscalía Nacional Económica (FNE) anunció que realizará su sexto estudio de mercado, el cual analizará "integralmente" la industria del gas, que -apuntó- representa el 15 por ciento del consumo energético nacional y hasta el 19 por ciento del presupuesto que los hogares chilenos destinan a los servicios básicos.
En la exploración preliminar de la industria, la FNE detectó diversos aspectos que justifican la realización de este estudio y definió como hipótesis de falta de competencia que "existen espacios en el mercado del gas que no se encuentran funcionando de forma adecuada desde el punto de vista de la competencia, lo que estaría provocando que las condiciones comerciales a las que pueden acceder consumidores mayoristas y minoristas en el país no sean las óptimas".
La investigación se enfocará tanto en el análisis del mercado de gas natural (GN) como del mercado de gas licuado de petróleo (GLP) e incluirá todas las etapas de la cadena de suministro; para ello, contará con la asesoría de los economistas Juan-Pablo Montero, profesor de la Universidad Católica, y Eduardo Saavedra, de la Universidad Alberto Hurtado.
"El mercado del gas es clave para la economía nacional, para los bolsillos de las familias y también tiene ventajas medioambientales. Por eso, vamos a trabajar para detectar todos los aspectos para mejorar la competencia en este mercado", señaló el fiscal nacional económico, Ricardo Riesco.
LAS CUATRO RAZONES PARA EL ESTUDIO
Mediante un comunicado, la FNE expuso las cuatro razones que basan la necesidad de realizar este estudio de mercado.
La primera "es la necesidad de revisar la estructura de propiedad horizontal de la industria y su nivel de concentración, debido a que existe información pública que muestra que los mismos grupos económicos participan tanto en el mercado del GN como del GLP; (y) una estructura de propiedad de este tipo podría tener efectos para la inversión en infraestructura y en los precios a los que acceden los consumidores".
Otro motivo es que -sostuvo- "hay diferencias considerables en el precio del gas según la forma en cómo se accede a él, la marca y el área geográfica, las que resultan particularmente llamativas cuando se compara un mismo tipo de gas distribuido de la misma forma, pero por distintos proveedores".
Un tercer argumento apunta que "existen múltiples integraciones verticales en la estructura de propiedad de los actores del mercado".
"Por ejemplo, hay empresas que se dedican a importar gas en Chile y que también son dueñas de parte de la infraestructura de almacenamiento, transporte y distribución final hacia hogares, comercios e industrias. Aunque esta situación no es negativa en sí misma, pues se debe definir concretamente en cada mercado, es relevante analizar si estos vínculos son eficientes o si se traducen en barreras a la entrada y, en consecuencia, en mayores precios para los consumidores finales", explicó la Fiscalía.
La cuarta y última razón, complementó, es que "se ha detectado que, aunque en Chile el gas es considerado un servicio básico, existen importantes diferencias en la forma en que el Estado lo ha regulado en comparación con otros servicios básicos, como el agua potable, la electricidad y las telecomunicaciones".
Esas diferencias "se observan en políticas para ampliar la cobertura de la red y en el régimen tarifario a lo largo de la cadena de suministro", unas "asimetrías regulatorias" que "podrían explicar, al menos en parte, las importantes diferencias que se observan en cuanto al acceso de la población a las redes en los distintos servicios".
Los datos muestran que sólo el 21,4 por ciento de la población accede al gas a través de cañerías, mientras que 93,7 por ciento está conectado a la red de agua potable y un 99,5 por ciento, a energía eléctrica de red, situación que -dijo la FNE- "debe analizarse para establecer si efectivamente se traduce en resultados eficientes y en un mercado competitivo".
Según el cronograma, las conclusiones preliminares serán dadas a conocer de agosto a septiembre de 2021, y la conclusión final en octubre de ese año.
Este será el sexto estudio que realiza la FNE, luego de aquellos sobre rentas vitalicias, notarios, textos escolares, medicamentos y compras públicas, en virtud de su facultad para analizar la evolución competitiva de los mercados: "Si se acogieran las recomendaciones efectuadas en nuestros que ya están finalizados, podrían lograrse ahorros anuales de, como mínimo, entre 521 millones y 1.535 millones de dólares para las personas o el Estado", subrayó el fiscal Riesco.
