Senado aprobó informe de comisión mixta y despachó la ley anticolusión

El Senado aprobó en su sesión de este miércoles el proyecto que establece sanciones penales a los delitos de colusión, el denominado proyecto anticolusión.

La iniciativa fue visada por 25 votos a favor y dos votos en contra, de los senadores Alberto Espina (RN) y Alejandro Navarro (MAS), y quedó en condiciones de convertirse en ley.

Poco antes de la votación, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, destacó en Lo que Queda del Día la importancia de la iniciativa y detalló los principales aspectos que tendrá esta norma. 

"Hay tres elementos fundamentales. Estamos elevando las multas de manera muy significativa, esto es un avance gigantesco en la lucha contra los carteles, contra aquellos que atentan contra la libre competencia", indicó.

Como ejemplo manifestó que "en el caso de los pollos las multas que pagaron las empresas que se vieron involucradas en la colusión fue de 55 millones de dólares, con esta ley hubiesen pagado hasta 3.000 millones de dólares en multas, por el doble beneficio económico que obtuvieron. Estamos diciendo que la colusión no puede ser un negocio".

Además, aseveró que ahora existirán penas de cárcel para los involucrados en estos tipos de casos.

"En segundo lugar, las penas de cárcel. Acá es muy importante el reconocer que quienes participan en la colusión son ejecutivos, son personas que toman decisiones para afectar a millones de consumidores y por ello se genera una pena de cárcel para aquellos se coluden, con un periodo mínimo de un año y eso creo que esa es una señal muy clara que nos permitirá fortalecer la delación compensada", recalcó.

El ministro Céspedes a su vez desestimó las críticas surgidas desde algunos diputados y desde el Ministerio Público que cuestionaron la norma que establece la exclusividad de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para seguir la persecución penal de este tipo de casos.

"Estamos generando un delito de pena de cárcel, estamos diciendo que la FNE, que es un organismo persecutor, que en los últimos años ha desbaratado más carteles que los que nunca habíamos visto en nuestra historia, es quien tiene mayor conocimiento para determinar aquellos casos en los cuales se requiera ir a los tribunales penales", indicó.

"Es claro que nuestro sistema está organizado de una forma efectiva, que ha permitido desbaratar carteles y está en el mayor interés de la FNE que efectivamente las penas de cárcel se cumplan. A nadie le puede caber ninguna duda que la FNE está absolutamente comprometida en la lucha contra la libre competencia y su accionar en los últimos años, el éxito que ha tenido en esta materia habla por si solo", agregó el secretario de Estado.

Céspedes también aseguró que esta nueva ley contempla el tema de las indemnizaciones para los consumidores afectados y que incluso se facilitará la entrega de estas. 

"Una vez que termine el caso frente al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, se establece la existencia de un delito de colusión o un ilícito anticompetitivo, los consumidores van a poder solicitarle al propio TDLC que determine una indemnización", expuso.

"Antes se habría un nuevo expediente y pasaban años de tramitación, ahora el proceso va a ser expedito y será el propio tribunal un tribunal especializado el que va a determinar la multa, por lo tanto se hace más fácil para los consumidores el poder recibir la indemnización por los daños causados. Eso me parece un avance tremendamente significativo", concluyó el ministro.

Pese a la aprobación del proyecto en la Cámara, siete diputados DC y algunos otros de la Nueva Mayoría votaron en contra de la iniciativa, como lo explicó el jefe de la bancada DC, Fuad Chahín.

"Esto es un tongo, porque la gran promesa de este proyecto es que iba a perseguir con cárcel a quienes se coludían y eso va a ser casi imposible que ocurra, porque iniciar la acción penal va a ser después de varios años, cuatro o cinco", dijo el parlamentario.

"Va a haber investigación, procedimientos del TDLC, luego de eso el fiscal nacional económico va a tener seis meses para poder decidir si el caso es lo suficientemente grave para poder iniciar una acción penal ahí o no iniciarla. La justicia cuando es demasiado tardía no es justicia. Eso nos parece que es engañar a la ciudadanía", recalcó.

En tanto, en la oposición, el presidente y senador de la UDI, Hernán Larraín, defendió la fórmula de la Comisión Mixta también respaldada por el Gobierno.

"¿Queremos que se terminen los casos de colusión o queremos en nombre de la suprema justicia estar ahí seguros que cuando alguien es sorprendido en esto se le corte la cabeza? Lo que hemos priorizado es garantizar la eficacia de la delación compensada y el único que tiene la capacidad para hacerlo es el fiscal nacional económico", resaltó el senador gremialista.

"Esa delación compensada, que se premia con la exención penal, queda debilitada si le damos la acción (penal) también al fiscal nacional del Ministerio Público", añadió.

El Gobierno comprometió cárcel para los coludidos, pero como quedó la ley eventualmente durante la investigación de la FNE, durante el proceso administrativo o tiempo después de una condena, un acusado por este delito de cuello y corbata podría irse del país sabiendo que se le viene un proceso penal.

Ante esto, el ministro de Economía indicó que esa es una situación "que ocurre incluso en otros tipos de delitos".

"El proyecto ha recibido un amplio apoyo en el Parlamento, creo que eso ha dejado muy clara la voluntad de los parlamentarios de apoyar el proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo", recalcó el secretario de Estado.