Héctor Valdés, presidente del sindicato de trabajadores de Ripley, cree que la denuncia por fraude tributario que interpuso el Servicio de Impuestos Internos (SII) contra los hermanos Maxo y Alberto Calderón Crispín, ex controladores de Johnson's y hoy ligados a la propiedad de la firma, daña su imagen.
El SII confirmó el martes que había presentado una denuncia ante la Fiscalía por el "uso irregular del beneficio del artículo 14 bis de la Ley de Impuesto a la Renta", con un perjuicio fiscal estimado en 12.292 millones de pesos, cifra que "podría elevarse en la medida de que avance la investigación".
Fuentes ligadas a la multitienda han pedido separar aguas, al destacar que este tema involucra directamente a dos accionistas con nombre y apellido y no a Ripley en su conjunto.
El abogado de Maxo Calderón, Manuel José Vial, aseguró que la denuncia era "descabellada" y carecía de base jurídica, mientras el abogado de Alberto Calderón, Rodrigo Urzúa, mediante un comunicado afirmó que su defendido "no tiene ni ha tenido relación con Johnson's ni tampoco con las sociedades que forman parte de esta denuncia".
Sin embargo, en la medida que "sale esto en la prensa la imagen de Ripley queda un poco dañada, lo mismo que pasó en La Polar anteriormente", reflexionó Héctor Valdés.
A juicio del dirigente sindical, "se daña la imagen y a lo mejor va a haber muchas especulaciones al respecto, y la imagen de Ripley por un tiempo va a estar medio dañada".
La corredora de bolsa Banchile Inversiones ya advirtió ayer que a propósito de esta denuncia existía "mayor riesgo" para invertir en Ripley.
"Es una advertencia a los clientes, que tengan ojo con esta acción, que puede tener ruido y puede caer de precio por motivos distintos al manejo de la compañía. Es una señal de advertencia", explicó a Cooperativa Cristina Acle, analista de Estudios de Banchile.
"Un integrante del grupo está en el directorio. Creemos que puede meterle algo de ruido al precio de la acción, que no se movería tanto por fundamentos como por noticias", explicó Acle.
Acciones fueron vendidas a Álvaro Saieh
Según un reportaje publicado por El Mostrador, "fuentes bien informadas aseguran que la denuncia del SII es la punta del iceberg, pues habría más aristas del caso que revelarían otros incumplimientos en el pago de tributos".
Además, Álvaro Saieh, el dueño de CorpBanca, Copesa y SMU, fue quien compró en mayo de 2009 las acciones involucradas en la evasión, que ascendían al 20 por ciento de la multitienda.
Apenas siete meses después, Saieh comenzó a vender estas acciones, obteniendo una ganancia estimada entre 150 millones y 180 millones de dólares, consigna El Mostrador.