Un inesperado conflicto se abrió entre el Congreso y el Gobierno luego de que el Presidente Sebastián Piñera decidiera vetar cinco de los puntos aprobados en la Ley de Presupuesto 2013, que se despachó hace dos semanas.
Aunque la Constitución da esta facultad al Mandatario, ésta es la primera vez desde el retorno a la democracia que el Presupuesto -considerado la ley más importante de la nación- es sometido a un veto presidencial.
Entre los puntos objetados por Piñera se encuentra una propuesta de los diputados socialistas Manuel Monsalve y Clemira Pacheco para extender los planes de empleo en la Región del Biobío.
Piñera también rechazó pagar aguinaldos a las personas acogidas a esos planes en las regiones del Biobío y de Valparaíso, los que habían sido aprobados por legisladores del oficialismo dentro de la partida del Ministerio del Trabajo.
El Jefe de Estado vetó también el pago de beneficios para ex trabajadores de la ex empresa Carbonífera Schwager (incluido en la partida de Tesoro Público), puso una serie de condicionantes al Plan de Desarrollo de la Provincia de Arauco (presupuesto de Interior) y modificó la redacción de una glosa del Ministerio de Educación referida a la adquisición de inmuebles.
"Además de contravenir la Constitución Política, dichas normas resultan contrarias al sano y racional manejo del presupuesto nacional", expresa el oficio firmado por Piñera.
Los puntos del veto deben ser analizados y votados en la Cámara de Diputados dentro de seis días, luego en el Senado, y para que se doblegue la posición del Presidente se requiere un quórum favorable de dos tercios en ambas cámaras, explica este miércoles el diario La Tercera.
Molestia en el Parlamento y réplica del Gobierno
Tras conocer los detalles del veto, tanto legisladores oficialistas como de oposición anunciaron su rechazo a los puntos del veto.
"Cuando un Presidente tiene que usar una facultad muy extraordinaria, significa que todo el Gobierno fracasó", dijo el diputado Monsalve.
El senador UDI Víctor Pérez anunció ayer que votaría "en contra del veto, (porque) creo en reglas claras para los planes de empleo", consigna La Tercera.
En lo que refiere a su cartera, la ex senadora explicó que uno de los fundamentos del veto es que "estos planes de empleo han sido manejados políticamente", porque sus beneficiarios son "la gente que después hace las campañas".
"Aquí ha habido fraude, ha habido utilización política, y los diputados no quieren que se disminuyan los cupos, porque con eso obtienen votos", indicó Matthei, señalando que éste es un mecanismo que "usan de todos lados", tanto la derecha como la Concertación.
Por otro lado, "muchos de estos empleos de emergencia surgieron hace 18 años atrás, cuando tuvimos la crisis asiática. El drama es que llevamos 18 años con los empleos de emergencia. Entonces ahora, que la tasa de cesantía está baja, estamos tratando de ir disminuyendo los cupos, pero el diputado (PS Manuel) Monsalve nos presentó una indicación a último minuto, sin haberla conversado antes, obligando al Gobierno a no disminuir los cupos de empleo de emergencia, que llevan 18 años", acusó.
"El Gobierno lo que quiere es que las personas tengan un empleo de verdad: estamos dispuestos a capacitar a esas personas para que la gente se vaya a ganar más dinero, porque en estos planes de empleo ganan 193 mil pesos", señaló, afirmando que éste es un tema que "venimos conversando hace un año y medio".
"Este Gobierno impone"
El diputado socialista Carlos Montes, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara, negó en diálogo con Cooperativa que el Ejecutivo haya promovido diálogos en esta materia, como señala Matthei.
"Este Gobierno no conversa, impone nomás, y como el Parlamento tiene facultades restringidas en esta materia, la verdad es que al final los problemas se van acumulando", dijo Montes.
"La señora Matthei, que fue tan grosera (en otra ocasión), en este tema ni siquiera fue a conversar, ni siquiera buscó una solución, ni siquiera conversó alternativas", aseguró el legislador.
En tanto, el senador RN José García Ruminot defendió la decisión del Mandatario.
"Yo creo que el Gobierno está haciendo lo correcto. Creo que nosotros tenemos que respetar la institucionalidad", más aun "si ese gasto no está financiado".
Lo contrariod sería "una manera de engañar a la opinión pública. Más vale ponerse colorado una vez que 100 veces amarillo", dijo García a El Diario de Cooperativa.
UDI pide alternativa
El diputado Manuel Monsalve insistió en su rechazo a la decisión del Presidente, y resaltó la oposición que ésta ha dspertado en la propia Iglesia Católica penquista.
"Yo lo voy a rechazar. Hoy día ha llegado a todos los parlamentarios, todos los integrantes de la Cámara de Diputados, una carta del arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí, pidiéndole al Presidente de la República promover estas indicaciones y no eliminarlas. Por lo tanto, también pidiéndole a los parlamentarios que no accedamos a aprobar este veto", dijo.
Chomalí pone foco en "los principios de justicia, de los derechos de las personas y la obligación de los gobernantes, de las autoridades, de promover derechos y no quitarlos", dijo Monsalve.
También confirmó su rechazo el senador de la UDI Víctor Pérez, que -en último caso- llamó al Gobierno a considerar medidas paliativas
"Yo voy a votar en contra del veto. Nosotros aprobamos aquí en el Senado una serie de normas para que los programas de empleo se sigan desarrollando durante el año 2013. Creemos que este veto genera una suerte de incertidumbre", dijo Pérez.
"Yo llamo al Gobierno a que, si insiste en el veto, que establezca un protocolo de acuerdo con los alcaldes y las organizaciones de trabajadores para que quede absolutamente claro, a lo menos, la continuidad de todos los cupos y todos los programas", añadió.
Aunque en La Moneda aseguran que el veto no retrasará la promulgación, sí podría complicar su trámite, porque hay otros proyectos que están en tabla para discutirse con urgencia en el Congreso.
Hará falta "buena voluntad" para apurar la discusión, reconoció el presidente del Senado, Camilo Escalona.