En medio de la intensa discusión de la partida del Ministerio de Educación dentro del Presupuesto 2025, la Cámara aprobó este miércoles una indicación presentada por el diputado Sergio Bobadilla (UDI), que establece que no habrá Sistema de Admisión Escolar el próximo año.
La enmienda, que consta de una sola línea, fue ratificada después de que, en votación dividida, la Sala revirtiera la decisión de la mesa de la Corporación de declararla inadmisible.
"Queremos eliminar la maldita tómbola, que ha sido una verdadera tortura para las familias chilenas. Queremos recuperar el respeto para nuestros queridos profesores. Queremos erradicar a los overoles blancos que han destruido la educación en nuestro país, y queremos impedir que se les financie con el impuesto de todos los chilenos la educación superior a estos delincuentes", manifestó Bobadilla durante el debate.
Asimismo, el diputado Diego Schalper (RN) expuso que "nadie aquí aspira a un sistema de admisión que pase a la subjetividad, pero lo que hemos visto es que una persona que vive en la comuna tanto, por el algoritmo termina teniendo que irse a una comuna totalmente distinta".
"Hemos querido proponerle al Gobierno que apliquemos criterios de distancia, apliquemos de criterio la misma comuna, lo de los hermanos mayores. Pero este Gobierno no se ha abierto a nada. Como este trámite está recién empezando, confiamos que en lo que queda de tramitación eso va a quedar resuelto", apuntó el legislador opositor.
"Durante el año 2025 se suspenderá la aplicación del Sistema de Admisión Escolar (SAE)", establece la mentada proposición.
Inmediatamente después de que la indicación fuese aprobada, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, hizo reserva de constitucionalidad y advirtió que, de "aplicarse esta norma, el sistema educativo queda sin ningún mecanismo de admisión, es decir, queda de acuerdo al arbitrio que alguien determine".
"Puede que a uno no le guste como está estructurado el sistema de admisión, pero otra cosa es que no exista ningún sistema", advirtió el secretario de Estado, ya que ese sería el escenario, si es que esta glosa queda intacta después de la tramitación en el Senado.
Posteriormente, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), aclaró que "esta votación no suspende ni pone en riesgo el proceso que hoy está en curso (en 2024) para la Admisión Escolar 2025, en ninguno de sus periodos".
"Queremos transmitir tranquilidad a los apoderados que ya cuentan con un cupo asignado, y reafirmar que el proceso continuará su curso en los plazos establecidos", enfatizó.
Exclusión de gratuidad universitaria a escolares sancionados por violencia
Otra indicación aprobada hoy señala que los estudiantes de Enseñanza Media que hayan sido sancionados por conductas gravísimas de violencia durante los dos últimos años -agresiones que produzcan lesiones o de carácter sexual, así como uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios-, no tendrán derecho a la gratuidad universitaria durante el año siguiente a su egreso.
El Partido Comunista hizo reserva de constitucionalidad.
Cerca de 330 indicaciones
La Cámara dedicó más de cuatro horas sólo a despachar la partida del Mineduc, pues eran cerca de 330 las indicaciones que debían ser despejadas en esta jornada.
De los ítems rechazados en la Comisión Especial Mixta, el Gobierno logró reponer los 140 mil millones de pesos para la Subsecretaría de Educación y los 445 mil millones de pesos para la Subsecretaría de Educación Parvularia.
La diputada Emilia Schneider (Frente Amplio) observó ante la Sala que "en Educación Superior nuevamente tenemos un gasto tremendo por concepto de CAE (Crédito con Aval del Estado). Esto es insostenible para las finanzas públicas; es un despilfarro de dinero, que en una parte importante va a parar a los bancos".
Por ende, sostuvo que "urge avanzar en el proyecto que termina con los créditos por estudiar y crea el FES (Financiamiento para la Educación Superior), para aliviar los bolsillos de las familias chilenas y también del Estado".
Además, los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) quedaron sin financiamiento por el rechazo de la derecha más la abstención de la Democracia Cristiana.
El presidente de la DC, diputado Alberto Undurraga, explicó que "nosotros consistentemente en todos y cada uno de los SLEP marcamos el voto de abstención, con el propósito de decirle al Gobierno que falta financiamiento para los SLEP, que faltan compromisos de gestión para los SLEP, y que falta el financiamiento para los asistentes de educación en el SLEP. Eso es distinto al voto en contra que tuvo la derecha, con los votos que nosotros generamos con esta abstención, finalmente pasa al Senado con esas partidas no aprobadas".
"Esperamos que el Gobierno lo reponga, pero no solo lo reponga en los mismos términos, sino que también incorpore estos nuevos recursos que son necesarios para fortalecer la educación pública", agregó.
Aprobada la partida de Justicia
Por otro lado, la Cámara despachó los recursos para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, luego que Marcel lograra reponer el financiamiento de la Subsecretaría de Derechos Humanos -donde está el Plan Nacional de Búsqueda- y de la Defensoría Penal Pública.
En el debate, la diputada Lorena Pizarro (PC) fustigó que "uno cuando escucha a la bancada de extrema derecha, de rasgos fascistas, hablar del tema de derechos humanos, el Plan de Búsqueda, y esas risas burlonas, quiero decir que uno siente un profundo orgullo por el familiar que busca por tanto tiempo, porque les hicieron vivir lo indecible, pero su dignidad y su decencia frente a ustedes los aplasta como la basura que son. Sus familiares son torturadores, genocidas".
A lo que respondió el diputado Cristián Araya (Republicanos): "Es la forma más inadecuada de referirse a quienes piensan distinto a ella. Presidente, le insisto y se lo exijo reglamentariamente, que llame al orden y reprima la conducta y los dichos de la diputada, que se saque del acta la falta de respeto". Pizarro reivindicó sus dichos y dijo que "si por eso me han de sancionar, lo acepto".
Transferencias a organismos internacionales
Por otro lado, la Cámara rechazó ayer martes la transferencia de recursos a organismos internacionales, que estaba contemplada en la partida del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que fue criticado por el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde.
"Chile es miembro fundador de Naciones Unidas y hemos sido parte de la construcción de la arquitectura internacional. Sería una muy mala señal que Chile finalmente pasara a llevar todo lo que ha sido su tradición, y por eso nos parece fundamental que sigamos siendo parte de todas estas instituciones y esperamos que finalmente el Senado reponga esos recursos", emplazó.
El diputado Johannes Kaiser (ind-Partido Social Cristiano) rebatió que "no veo cuál ha sido la utilidad de los organismos internacionales para Chile. Hasta el momento, son puro costo, y de hecho, la intervención de los organismos internacionales, por ejemplo la ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados), ha sido fatal para lo que ha sido nuestra política de migraciones".
"¿Cuántos inmigrantes ilegales llegan a Chile con una mochila azul de la ACNUR, con información de la ACNUR, para saltarse nuestra ley?", agregó.
Liberar pago de contribuciones a adultos mayores
Durante este debate también se aprobó una indicación que exime del pago de contribuciones a todos los adultos mayores que actualmente son beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) en el país.
La iniciativa recibió 88 votos a favor, una abstención y sólo 36 en contra. Y tras ello la diputada Natalia Romero (independiente-UDI), una de las legisladoras que suscribieron la iniciativa, planteó que "las contribuciones se han convertido en un verdadero problema económico para miles de familias, puesto que se ha vuelto reiterativo el reavalúo de sus propiedades durante el último tiempo, lo que termina elevando el monto que deben pagar cada tres meses. Y la situación es aún más compleja para los adultos mayores, porque como todos sabemos las pensiones en nuestro país no son altas, de tal manera que las dificultades que enfrentan son aún mayores".
Y celebró que "durante el año 2025, los adultos mayores beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal podrán solicitar que el avalúo fiscal de sus propiedades sea cero peso, atendiendo la situación económica del país".
