El informe final, que será votado en la Sala de la Cámara, reiteró que la multitienda "ha dañado a los consumidores".
Propuso, en tal sentido, tipificar el "delito de mentir".
"La Polar ha dañado a los consumidores con la venta de productos falsificados y dejó en evidencia que es urgente realizar modificaciones normativas que persigan esos ilícitos de manera adecuada", según las conclusiones finales del informe de la Comisión Investigadora que indagó las irregularidades detectadas en la multitienda y que será votado en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.
"Sus clientes adquirieron ropa falsificada, creyendo que se trataba de ropa de marca y pagaron un costo elevado por esas prendas, ignorando que eran prendas falsas", enfatizó el documento aprobado este martes por el comité investigador, impulsado en diciembre de 2022, después del lanzamiento de una polémica campaña donde la empresa defendió la originalidad de sus productos.
El informe recalcó que "este verdadero modus operandi vinculado a la falsificación de ropa es un tremendo negocio, que mueve muchos millones de dólares a nivel mundial y Chile no es la excepción lamentablemente. Este verdadero mercado negro se adapta y adecúa a las realidades del mercado local, eludiendo los mecanismos de control y de fiscalización existentes".
El presidente de la comisión, el diputado socialista Daniel Manouchehri, dijo que "hoy día los consumidores no tienen el resguardo necesario para poder garantizar que no se les engañe. Es por eso que nosotros hemos sugerido una serie de modificaciones legales que se plasmarán en proyectos de ley que esperamos que puedan otorgarles mayores derechos a los ciudadanos".
"Es tiempo de que se terminen los abusos. La Polar ha abusado sistemáticamente de los consumidores, ha engañado a la fe pública y hoy día esto tiene que acabarse. Por eso vamos a trabajar en una legislación robusta para proteger a los consumidores", remarcó el legislador por la Región de Coquimbo.
Entre los puntos a destacar del informe aprobado por los integrantes de la instancia están las propuestas para que el Gobierno pueda hacerse cargo de las falencias de los organismos públicos involucrados, donde se necesita iniciativa del Ejecutivo.
Además, el documento contempla diversas modificaciones legales para hacerse cargo de los problemas que se detectaron. En este caso, la comisión recomendó:
· Modificar la ley de propiedad industrial vinculado con la persecución penal, porque actualmente los delitos marcarios son de acción penal privada, dependiendo de la voluntad del querellante (titular de la marca) si se da inicio o no a la persecución penal.
· Revisar la configuración del delito de contrabando que se contempla en la Ordenanza General de Aduanas, donde debiera considerarse también la afectación de la fe pública o directamente los derechos de los consumidores.
· Modificar la Ley 19.912 que adecúa la legislación que indica conforme a los acuerdos de la Organización mundial del Comercio (OMC) suscritos por Chile, con el objetivo de limitar la posibilidad de que las mercancías retenidas en frontera puedan ser entregadas a su destinatario en caso de que los titulares del derecho de propiedad no ejerzan las acciones legales dentro de plazo.
· Avanzar respecto de la tipificación del delito de mentir en el derecho de consumidor, que actualmente no considera nuestra legislación penal, según planteó el abogado Andrés Sepúlveda en su exposición ante la comisión, ya que en su opinión "con un tipo penal general de delito en contra del consumidor, es una forma de avanzar hacia una mejor ética empresarial."
· Revisar la tipificación del delito de falsificación que contempla nuestra legislación penal, para reconocer que el delito es pluriofensivo, ya que no solo afecta a la empresa titular de la marca, por ejemplo, sino que además se afecta a las personas. Donde, además se considerará que estos casos las empresas deben llegar a acuerdo con las asociaciones de consumidores u otros, para que no ocurra como en el caso actual de La Polar S.A. donde mediante acuerdos privados, se desisten de la querella y la persecución penal termina sin sanciones.
