El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, expresó que la revocación de la resolución ambiental a un proyecto inmobiliario en la comuna de Ñuñoa "destruye la estabilidad del país y la forma de relacionarnos" y que, a su juicio, es "casi volver a la Unidad Popular".
Hace unos días, trabajadores del proyecto inmobiliario "Egaña-Comunidad Sustentable" de Inmobiliaria Fundamenta se tomaron el edificio consistorial de la Municipalidad de Ñuñoa y realizaron una serie de protestas en la comuna, tras la paralización de la construcción debido a que hubo alcances en cuatro puntos de la evaluación ambiental.
Posteriormente, la Comisión de Evaluación Ambiental Metropolitana tomó la decisión de rechazar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto, y se informó desde la empresa que se iniciaría un proceso de desvinculación de más de 200 trabajadores. En conversación con La Tercera, Sutil calificó esta medida como "incorrecta, arbitraria, que pasa por encima del Estado de Derecho, y la consecuencia que trae es nefasta: no solo los trabajadores pierden su trabajo, sino que la inmobiliaria y la constructora pueden quebrar".
Además, explicó que la empresa tuvo una autorización ambiental "fruto de un proceso que lo cumplió correctamente. También tuvo los permisos sectoriales de las autoridades administrativas e inicia las obras y, con un tercio del avance, arbitrariamente, le paralizan las obras. Eso es gravísimo", ya que existe un riesgo que pase esto en otras comunas, como también las inversiones.
"Eso es lo que destruye la estabilidad del país y la forma de relacionarnos. Encuentro que es casi volver a la Unidad Popular", señaló.
MUNICIPIO ACUSA QUE FUE RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA
Por su parte, la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, señaló que "sin duda es lamentable que la empresa haya desvinculado a los trabajadores, ya que fue la misma inmobiliaria quién decidió correr el riesgo de construir con una resolución de calificación ambiental parcialmente anulada".
Y recalcó que "si bien gracias a la mediación que se logró realizar desde el Ministerio del Trabajo los trabajadores pudieron conseguir mejores condiciones para sus finiquitos, acá lo importante a recalcar es la directa responsabilidad que tiene la empresa respecto del término de la relación laboral con sus trabajadores".
Finalmente, el seremi del Ministerio del Trabajo de la Región Metropolitana, Manuel Ahumada, dijo que "nuestra convicción es el fortalecimiento del diálogo social, porque no se puede seguir construyendo como se viene haciendo en nuestro país", y que respecto a los empleados "actuamos a través de la Dirección del Trabajo con el mecanismo de mediación y llegamos a un acuerdo que consiste en que todos los trabajadores recibirán un finiquito de 2,5 remuneraciones líquidas".
