El economista Ramón López, académico de la Universidad de Chile, defendió la propuesta que establece una compensación por la explotación del cobre y el litio en favor del Estado, denominada royalty minero, que avanza en el Congreso y que el Gobierno rechaza y tacha de "inconstitucional".
La Cámara Baja aprobó ayer la idea de legislar el polémico proyecto, presentado en 2018 por la Federación Regionalista Verde Social, que propone un royalty "equivalente al 3% del valor nominal de los minerales extraídos". El Ejecutivo lo interpreta como un asunto tributario, por lo que comprometió una reserva de constitucionalidad contra la iniciativa, y aseguró que las mineras ya pagan impuestos por utilidades.
En ese marco, López sostuvo que en nuestro país "lo que existe no es un royalty, es un impuesto específico: el royalty por lo general se aplica sobre las ventas, no sobre las utilidades como funciona el mal llamado royalty en Chile", además de que "la legislación chilena es muy generosa con las empresas y les permite reducir una cantidad importante de cosas" que -junto a algunas "triquiñuelas"- terminan con que "las utilidades tributables son muy inferiores a las utilidades reales".
Por ello, el proyecto "es un paso importante", si bien "el royalty propuesto es muy moderado, 3% sobre las ventas", afirmó en "Hablando De".
"Es un paso en la dirección correcta, aun cuando es muy tímido, que no debería tener ningún impacto negativo en la inversión o sobre los incentivos que tienen las grandes empresas transnacionales", agregó el profesor de la Facultad de Economía y Negocios.
"El país tiene el derecho de cobrar, aparte de los impuestos normales, por el recurso mismo que se extrae", enfatizó, apuntando que "casi todos los países que explotan mineral cobran un royalty, como Canadá, Australia, y mucho más que el 3% de las ventas".
Expuso que "se está extrayendo un recurso natural, que tiene un valor, y como no es renovable, el país se empobrece en la cantidad que se extrae, en gran parte de ella; si no reemplazamos ese valor a través de otras inversiones o activos, el país se está haciendo cada vez más pobre, el valor de la riqueza del país va decayendo", por lo cual -insistió- "es absolutamente legítimo cobra por la extracción".