Este lunes de 1 de enero entró oficialmente en vigor la nueva ley que establece una compensación en favor del Estado por la explotación de la minería del cobre y del litio, conocida como "royalty minero", que fue despachada por el Congreso Nacional en mayo del pasado y promulgada por el Presidente Gabriel Boric en agosto luego de casi cinco años de tramitación.
Con la legislación en régimen, el Gobierno proyecta recaudar para el fisco unos 1.350 millones de dólares al año, equivalente a 0,45 puntos del Producto Interno Bruto. Y un tercio de ellos -450 millones de dólares o alrededor de 392 mil millones de pesos- va a ser distribuido para el desarrollo de las regiones y comunas del país.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, puntualizó esta jornada que "durante este año esperamos recaudar una parte importante de lo que está previsto como meta de recaudación, alrededor de 0,25% del producto, todavía es más o menos la mitad de lo que se espera en régimen".
Valoró, en tanto, que "ésta es una ley muy importante para nuestro país porque lo que va a permitir es aumentar la participación del Estado y, a través del Estado, la ciudadanía en general en las rentas de la gran minería del cobre", y que "ésta legislación la aprobamos con frutos de un proceso de diálogo con la industria y con todos los sectores políticos que llevó finalmente a una aprobación transversal".
Expuso asimismo que el royalty significa, "por un lado, aumentar la contribución de la gran minería del cobre a los ingresos del país, y por otro lado, también establecer condiciones de menor incertidumbre a través del establecimiento del límite global de la carga tributaria de la gran minería del cobre".
LOS NUEVOS IMPUESTOS A LA MINERÍA
El proyecto había sido ingresado ingresado en septiembre del 2018 por un grupo de diputados del actual oficialismo, pero estuvo estancado durante años en el Congreso. Finalmente el Gobierno de Gabriel Boric promovió su tramitación con decenas de urgencias y, gracias a varias modificaciones y a un acuerdo con el Ejecutivo que apuntaba a dar mayores certezas y lograr un equilibrio entre conseguir una mayor recaudación y beneficios para las regiones sin desincentivar la inversión minera, la ley fue aprobada transversalmente el 17 de mayo del 2023.
La ley deroga el Impuesto Específico a la Actividad Minera, de manera tal que desde ahora la tributación de la industria pasará a estar regulada por un cuerpo legal propio.
En este nuevo marco se contempla una carga tributaria potencial máxima de 46,5% a la gran minería con ventas anuales de más de 80 mil toneladas métricas y de 45,5% para aquellas operaciones con ventas anuales entre 50 mil y 80 mil toneladas métricas de cobre fino (TMCF). En ambos casos, dicho límite se calculará sobre la renta imponible operacional minera ajustada (RIOMA).
Además, se crean tres fondos destinados a los gobiernos regionales y las comunas mineras por un total de 450 millones de dólares: el Fondo DE Comunas Mineras, que beneficiará a 32; el Fondo de Apoyo de Equidad Territorial, que favorecerá a las comunas más vulnerables que presentan una mayor dependencia al Fondo Común Municipal (FCM); y el Fondo Regional de Producción y Desarrollo, que apoyará a los Gobiernos Regionales.
También se dispone un impuesto ad valorem de un 1% a aquellos productores de más de 50 mil toneladas métricas de cobre fino al año.
Los nuevos impuestos "no van a significar solamente más recaudación; no son para agrandar las arcas del Estado, sino que son para el beneficio de las personas y las familias de Chile", manifestó el Presidente Boric en agosto pasado, durante la promulgación del royalty, que "se va a traducir en mayor bienestar y calidad de vida para las regiones".
