El gremio cuestionó el plazo de 24 horas para la devolución consignado en la iniciativa que desde enero está en el Congreso.
En un país donde administran más de 30 millones de tarjetas de débito y crédito, las tasas de fraude son bajas en comparación con la de Latinoamérica y el mundo.
La Asociación de Bancos e Institutos Financieros de Chile (ABIF) cuestionó el proyecto de ley -que se encuentra en el Congreso- que obliga a los emisores de tarjetas a devolver montos a las víctimas en caso de fraude.
La iniciativa, que fue ingresada en enero de este año, actualiza la ley 20.009 (de 2005) que solamente regula la responsabilidad del emisor y el tarjetahabiente en caso de "extravío, hurto o robo", pero no aborda las operaciones que ocurren sin conocimiento del titular, como en el caso de las clonaciones.
El proyecto establece que el emisor de la tarjeta vulnerada está obligado a devolver al usuario los fondos defraudados en un plazo de 24 horas sin condición alguna, salvo que pueda probar que el usuario se encontraba en conocimiento de las operaciones fraudulentas o que actuó sin la debida diligencia en el manejo del medio de pago.
En un informe presentado esta semana, la ABIF subrayó que en un país donde administran más de 30 millones de tarjetas de débito y crédito, las tasas de fraude son bajas en comparación con la de Latinoamérica (4,6 puntos frente a 13,9) y mundial (9,8).
Pese a esto, la prevención "es un proceso dinámico que requiere la colaboración de todos los actores involucrados en la cadena de pagos, cuyas responsabilidades se encuentran estipuladas en la normativa del Banco Central de Chile y la (Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras) SBIF ", indica.
"Incrementa el riesgo moral"
"En este sentido, el proyecto de ley (...) contrapone a estos aspectos ya que busca consignar la responsabilidad únicamente en el emisor, bancario o no bancario (por ejemplo, tarjetas, de prepago no bancarias), frente a casos de uso fraudulento en las tarjetas de pago", acusa el gremio.
"Aún más", prosigue, "este proyecto incrementa el riesgo moral y desincentiva el cumplimiento de las obligaciones que corresponde a los demás actores", afirma.
La banca da el ejemplo de la empresa estadounidense de retail Target, que en 2013 sufrió el robo de credenciales de más de 41 millones de usuarios y debió pagar 18,5 millones de dólares en multas, además de indemnizaciones a los clientes afectados.
