El gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, repudió el debate abierto a raíz de un recurso dirigido al Tribunal Constitucional (TC) para que defina si los afiliados pueden o no retirar y disponer, para fines ajenos a la jubilación, sus ahorros previsionales.
La situación se originó a partir de un recurso de protección de la profesora jubilada María Angélica Ojeda, quien busca retirar su ahorro previsional con la finalidad de prepagar su crédito hipotecario o invertirlo, petición que fue rechazada por su AFP (Cuprum).
La docente cuenta con un ahorro de 46 millones 569 mil pesos, del que obtiene 185 mil pesos mensuales, lo que está muy lejos de los 1,2 millones que obtuvo como sueldo durante su último año laboral, lo que le ha imposibilitado seguir cubriendo su gastos.
Su recurso de protección se suma a otros presentados, en la misma línea, por "No+AFP", pero que han sido desechados por los tribunales de alzada. En cambio, la Corte de Apelaciones de Antofagasta envió al Tribunal Constitucional un inédito requerimiento de inaplicabilidad para el Decreto Ley 3.500, que en 1980, en dictadura, estableció el actual sistema de pensiones.
El ministro Oscar Clavería expuso una contradicción con el derecho de propiedad del trabajador, "al punto que su capitalización no puede utilizarla en su propio beneficio para salir de una solvencia sobreviniente".
Durante esta jornada el TC informó que su Segunda Sala, integrada por María Luisa Brahm, Gonzalo García, Cristián Letelier, Nelson Pozo y Miguel Ángel Fernández "acordó, en resolución unánime (...), acoger a trámite el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta, respecto del "Decreto Ley 3.500 especialmente sus artículos 23, 34 y 51" (ver archivo adjunto).
Sería "una carga muy grande para al Estado"
Fernando Larraín dijo que "llevamos cuatro años discutiendo de cómo mejorar las pensiones y este tema lo único que viene a hacer es sacar el debate hacia un tema totalmente distinto que las pensiones".
"Preocupémonos del tema de fondo, que es cómo mejoramos las pensiones de las personas, en vez de estar discutiendo si queremos acercarnos o no a un sistema como el peruano, que dejó de ser un sistema previsional, donde la gente retira sus fondos", añadió Larraín.
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De tener éxito la petición, los hoy ahorrantes terminarían "siendo una carga muy grande para el Estado de Chile", advirtió.
Con este tipo de acciones "a lo que nos están llevando es a quebrar un sistema y hablar de otra cosa que deje de ser un sistema de pensiones. Por eso es que a nosotros nos llama mucho la atención que en un debate en el cual está el país discutiendo cómo mejorar las pensiones, estemos ahora conversando un tema que no va en la línea", insistió.
"Preocupémonos del tema de fondo, que es cómo mejoramos las pensiones", dijo Fernando Larraín. (Foto: ATON)
"El mandato legal que nosotros tenemos es resguardar los fondos de los trabajadores para que después sean usados para temas previsionales: son inembargables, son heredables y eso es lo que tenemos que resguardar en nuestro sistema de pensiones", remarcó.
En cuanto al caso particular de esta profesora antofagastina, el dirigente gremial dijo que "hay que esperar los trámites y que las instituciones funcionen".
"Chile es un país en donde las instituciones funcionan. Confiamos en los argumentos que tenemos y también confiamos en los ministros de la Corte respecto de lo que vayan a hacer. Esto es un primer trámite que se inicia, falta bastante tiempo para ver qué finalmente va a suceder", aseveró Larraín.
Monckeberg: "Seamos serios"
En una línea similar, aunque más frontal, se manifestó el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, quien aseguró que no hay dobles lecturas y que el recurso de la profesora no tiene asidero.
"En esto no hay dos opiniones: tanto el Tribunal Constitucional como el ordenamiento jurídico y los tribunales de justicia han defendido el derecho de propiedad de estos fondos. Se ha presentado una decena de recursos iguales a éstos y todos han sido rechazados y declarados inadmisibles", dijo Monckeberg.
"Sostener que es inconstitucional una ley que obliga a que esos recursos se usen para pensiones no tiene fundamento, no ha tenido fundamento en el pasado ni lo tendrá en el futuro. En esta materia tenemos que ser serios: todos los tribunales de justicia hasta la fecha –incluido el Tribunal Constitucional- han tenido una línea, que es la correcta", señaló.
"Creo que esto más bien busca una acción política más que una acción legal con fundamentos", aseguró el ministro.
Sus palabras fueron respondidas por el líder de "No+AFP", Luis Mesina: "Cuando la Corte de Apelaciones de Antofagasta se pronuncia sobre aspectos de fondo del decreto Ley 3.500, lo hace en uso de las facultades que tiene como tribunal de la República".
"Que un jefe de Estado, un ministro de Estado descalifique el que los ciudadanos chilenos recurran a los tribunales no solamente es un acto temerario, sino que lo coloca a él absolutamente fuera de la legalidad", apuntó el activista.
Habla la Superintendencia
En tanto, la Superintendencia de Pensiones emitió un informe en el que respaldó la decisión de Cuprum respecto al requerimiento de la docente.
"El actuar de AFP Cuprum frente a la petición formulada por la afiliada recurrente, consistente en la devolución de los fondos previsionales que mantiene en su cuenta de capitalización individual, se enmarca plenamente dentro de las normas que rigen y regulan su funcionamiento", sostuvo el organismo, según consignó Pulso.
El economista David Bravo manifestó que "la lógica es perversa y efectivamente todas las personas tienen urgencias de corto plazo, más razonables o menos razonables, en la práctica haría que quienes no tengan fondos con el Estado a cargo de las personas, van a quedar en indigencia".
"Esto es un contrasentido y atenta contra todo lo que es el espíritu de cualquier sistema de pensiones", dijo.
"¿Desvestiremos a un santo para vestir a otro?", reflexionó el economista Hugo Cifuentes, académico de la Universidad Católica y miembro de la Comisión Bravo.
"Imagínese que todas las personas retiren el saldo de las cuentas, lo invierten, lo gastan, lo consumen. Siempre hay necesidades, ¿y va a tener el Estado, con impuesto, que financiar pensiones? Es muy complicado, es un tremendo que pone sobre la mesa de nuevo que Chile enfrente pronto cómo vamos a resolver la situación de las malas pensiones", señaló el experto.
Esta polémica se da justo en medio de la tramitación de la reforma previsional que impulsa el Gobierno, la cual no aborda el eventual retiro de fondos por parte de los afiliados.
