La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados dio inicio este martes a la discusión, por séptima vez en cuatro años, de los retiros de ahorros previsionales, con voces de apoyo y de rechazo, estas últimas advirtiendo con recurrir al Tribunal Constitucional.
La instancia, presidida por Miguel Ángel Calisto (Demócratas, ex-DC), resolvió refundir cuatro de los cinco proyectos presentados tras el fin de la veda legislativa de un año, que concluyó el 6 de junio pasado luego del fracaso del sexto intento en 2023.
Todas las iniciativas son reformas constitucionales. La primera, firmada por René Alinco (independiente), Jaime Araya (independiente-PPD) y Gaspar Rivas (PDG), habilita "a los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones, pensionados de rentas vitalicias y exonerados políticos, a retirar parte de sus fondos previsionales".
La segunda y la tercera son de autoría del diputado Enrique Lee (bancada Social Cristiana e Independientes): permiten "a las personas obligadas por ley a cotizar para la seguridad social, disponer de un monto equivalente al 15% del total de sus ahorros previsionales", o bien "hasta la mitad de sus ahorros previsionales" según sea el caso, respectivamente.
"Los proyectos que he presentado, ambos, son bastante claros en su propósito. Se trata de una reforma constitucional permanente que permite el retiro de un 15% del ahorro previsional para libre disposición de acceso universal, y de hasta un 50% cuando el destino sea la primera vivienda", detalló Lee.
La cuarta iniciativa, ingresada por el socialcristiano Roberto Arroyo y el DC Ricardo Cifuentes, propone establecer el giro "total o parcial de sus ahorros previsionales, para solventar gastos de enfermedades catastróficas y salvaguardar su única vivienda".
La quinta no será fusionada con las demás. Firmada por los diputados de la bancada Radical-Liberal-DC Alejandro Bernales, Viviana Delgado, Luis Malla, Cosme Mellado y Sebastián Videla, autoriza "el retiro de fondos previsionales a personas aquejadas por enfermedades poco frecuentes y de alto costo".
La sesión de hoy, que inició a las 15:00 y duró una hora y 41 minutos, abordó los primeros lineamientos para el trámite de los proyectos. Los legisladores acordaron escuchar a invitados, como organizaciones e instituciones -entre ellas el Banco Central, la Superintendencia de Pensiones y la Asociación de AFP-, con miras a votar en agosto en la comisión y que en septiembre lo haga la Sala de la Cámara Baja.
¿"SATANIZACIÓN" DE LOS RETIROS?
El diputado Jaime Araya, que apoya estas propuestas, cuestionó que se vincule a los primeros tres retiros -que se concretaron entre 2020 y 2021, los únicos exitosos de los seis debates hasta el momento- con la crisis inflacionaria que vivió el país, principalmente en 2022: en agosto de ese año el IPC alcanzó un 14,1% a doce meses, el mayor nivel en tres décadas.
"Curiosamente, el año 2022, cuando hacía crisis la inflación en Chile y se responsabilizaron a los retiros, Estados Unidos tuvo la mayor inflación de los últimos 40 años. Hoy día que la inflación está controlada en Chile, la inflación está controlada en Estados Unidos, está controlada en España y en la mayoría de los países que tuvieron la crisis de inflación de 2022", describió Araya.
"Por lo tanto, esta campaña de satanización de los retiros merece que tengamos una mirada real. Y en esto yo sinceramente quiero hacer un llamado al oficialismo: ¿De qué estamos preocupados? ¿Del mercado de capitales o de las pensiones?", emplazó.
UDI ADVIERTE CON IR AL TC
Por su parte, el UDI Jorge Alessandri hizo desde ya reserva de constitucionalidad, advirtiendo con llevar los proyectos al Tribunal Constitucional si llegasen a ser aprobados por el Congreso.
"Esto por tres razones", explicó: "Primero, todos sabemos, iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por ser una materia de seguridad social. No puede haber una variación respecto a estos retiros, que evidentemente tratan también temas de seguridad social".
"En segundo lugar, creemos que hay una elusión constitucional. Por más que se diga que estos retiros son reformas constitucionales, sabemos que existe un principio de primacía de la realidad: estos proyectos en la forma son reformas constitucionales, pero en el fondo son leyes que tratan políticas públicas, y deben ser objeto de las normas de tramitación de una política pública", continuó.
"Y en tercer lugar, el Boletín 15.998-07 genera gasto fiscal al incluir también a exonerados políticos, por lo mismo, exige también (que debe ser) una iniciativa del Presidente", concluyó.
