Los economistas Cecilia Cifuentes, Carlos Ominami, Guillermo Larraín y, en menor medida, Ingrid Jones, valoraron en El Primer Café de Cooperativa como "promisorio" el informe que entregó la Comisión Técnica de Pensiones, un insumo considerado clave para el avance de la reforma previsional que permanece estancada en la Comisión de Trabajo del Senado, en segundo trámite, a la espera de que se vote la idea de legislar.
Cifuentes, académica de la Universidad de Los Andes, fue parte de la mesa de expertos, "donde se pudo discutir muy bien, pudimos avanzar, siempre muy radicado en temas técnicos", resaltó. Criticó que el debate polpitico se había desarrollado "a ciegas" hasta que en enero la Superintendencia de Pensiones entregó su estudio sobre el sistema, el que le permitió a la reciente instancia técnica "poder mirar los datos".
De esa manera, alcanzaron consensos en "tres temas gruesos de acuerdo: mecanismos de solidaridad, organización industrial y Pensión Garantizada Universal".
Sobre el primero, expuso que "hay dos componentes de solidaridad acordados: el bono tabla, que es de alguna manera compensar a las mujeres solo por la mayor expectativa de vida, (que) va a igualar pensión de hombre y mujer que jubilen a la misma edad y mismo ahorro; es un beneficio permanente en la medida que las mujeres sean más longevas que los hombres".
El otro consiste en "dar una garantía por años cotizados, pero solo a las personas que cotizaron una cantidad suficiente de años, mínimo 10 -para menos de 10 la herramienta es la PGU-, y con algún enfoque de beneficiar un poco más el bono cotizado de mujer, pero es transitorio ya que en algún minuto el aumento de la tasa de cotización permite que se asegure este monto para los futuros jubilados; no hay consenso en cómo se financia ese beneficio, si con cotizaciones y deuda pública".
Sobre el futuro de la estructura del sistema fue "donde hubo más consenso, (porque) quedó claro que la idea de separar la industria no tenía un sustento técnico muy evidente", a la vez que "también hay consenso en que hay problemas en temas de competencia producto de la inercia que tienen los afiliados, y la solución propuesta es la licitación de stock de afiliados".
Cuestionó en ese marco que "uno de los problemas que ha tenido la discusión" es que ha estado "lleno de consignas, que a veces no tenían nada que ver con los problemas, no se relacionaban con los diagnósticos bien hechos", puesto que "el problema de las bajas pensiones" no se vincula con que las AFP ejerzan las tareas administrativas y de gestión de los ahorros.
En cuanto a la PGU, "se logró acuerdo en que no estaban las condiciones para llegar al 100% de cobertura por el costo fiscal", por lo que aconsejaran no tomar ese camino; así como coincidieron en "la necesidad de atar la PGU a un parámetro objetivo para evitar populismo en la materia".
Aquello porque, por ejemplo, "desde que (también) se planteó subir la PGU a 250 mil pesos me pareció tremendamente peligroso desde el punto de vista político, porque era subirla en forma voluntarista, sin ningún parámetro objetivo que lo respalde", lo cual "genera un problema serio: el riesgo de que cada vez que haya un nuevo Gobierno planteé un alza y nadie se pueda negar", y de permear la percepción ciudadana sobre la necesidad de cotizar.
Por ello, el consenso en la mesa técnica fue que ese instrumento debe quedar "amarrardo a un parámetro objetivo, lo menos manipulable políticamente".
"FUNDAMENTAL" AVANZAR EN MEDIO DE DEBATE DE "AGOTAMIENTO"
La economista Ingrid Jones, investigadora de Libertad y Desarrollo (vinculado a la UDI), apuntó que "el informe tiene avances y acuerdos en varias materias, pero que eran materias donde existían bastantes consensos técnicos y políticos". Sin embargo, "también hay temas fundamentales para el avance de la discusión que habían generado una dilatación, y una de ellas es la distribución del 6%, y quedó pendiente".
Por su parte, Carlos Ominami, presidente de la fundación Chile 21, relevó que "la seguridad social no puede sino basarse en un principio de solidaridad intergeneracional", ya que "lo que tenemos hoy y ha funcionado razonablemente bien es un sistema de capitalización individual que da un sustento importante a todo lo que es financiamiento a la actividad productiva, pero no es un verdadero sistema de seguridad social".
En tal sentido, "es importante que se haya podido avanzar algunas ideas en el anclaje de la PGU, de manera que no opere como un desincentivo a la cotización; creo que también es importante que haya acuerdos sobre cómo organizar la industria, y destaco que se reconozca que tiene que haber un principio de solidaridad intergeneracional, que habrá que ver cómo se financia".
Con todo, "siento que el nivel de agotamiento con este debate es enorme y la responsabilidad del mundo político es gigantesca", alertó el otrora ministro de Economía.
En ese marco, consideró que "para el Gobierno es fundamental que se pueda avanzar en algunos aspectos y para la oposición es importante sacarse de encima la acusación de que ha ejercido una acción puramente obstruccionista", por lo que dijo esperar que "a partir de estos avances en el plano técnico pueda despacharse un proyecto que va a ser incompleto, que nos va a dejar insatisfechos a todos, pero que pueda avanzar en algunas materias, y quedarán otras que tendrán que ser resueltas más adelante".
Uno de esos asuntos para futuro, subrayó el también exsenador, es que "tiene que ser discutido en algún momento el aumento de la edad de jubilación".
PROPONE SOLIDARIDAD DE "MEJOR FORMA" QUE EL GOBIERNO
En tanto, Guillermo Larraín, quien fuera jefe de la extinta Superintendencia de AFP, resaltó que el informe "es promisorio, porque hubo acuerdos entre los técnicos con sus senadores en cosas que eran profundamente debatidas".
"Por ejemplo, la idea de esta solidaridad intergeneracional, (que) creo que todavía se puede mejorar, yo planteo que debe ser un componente permanente. Pero la forma como lo plantea la comisión es razonable y mejor que el proyecto original del Gobierno", comparó.
"Y también es promisoria la idea de zanjar esta discusión tan divisiva en torno a la industria, y lo hace de buena forma. Hay argumentos de fondo y positivos para separar la industria, pero no para hacerlo a esta altura de la vida. Con 50 años de historia, ya todos los beneficios están esperando ser materializados de una manera distinta, que es la licitación", concluyó Larraín.
