Según la ley argentina, las personas con problemas neurosiquiátricos no pueden donar.
La decisión finalmente fue tomada por un juez la madrugada del pasado viernes.
La decisión de que el donante de los órganos que salvaron a Sandro finalmente fueran entregados, fue de un juez de instrucción, quien autorizó, la madrugada del 20 de noviembre pasado la ablación de los pulmones y el corazón de un joven de 22 años que se había disparado en la cabeza.
La historia fue revelada a la agencia DyN por fuentes judiciales que indicaron que según el joven que terminó siendo donante, agonizaba en el hospital Italiano de Buenos Aires cuando sus padres resolvieron "donar sus órganos, contactándose con la autoridad administrativa correspondiente para así exteriorizar tal voluntad".
La Comisaría Décima de la Policía Federal dio intervención a la Justicia y el fiscal Horacio Amelotti pidió un examen de "evaluación" del potencial donante al Cuerpo Médico Forense.
Tras ese trámite, el fiscal se opuso a la ablación de los órganos porque la ley de donación de órganos establece que "queda prohibida la realización de todo tipo de ablación cuando la misma pretenda practicarse sobre cadáveres de pacientes que hubieren estado internados en institutos neurosiquiátricos".
El donante había estado internado "por afecciones de naturaleza psiquiátrica" y con un diagnóstico de "trastorno psicótico".
Fue entonces cuando el juez Ponce, telefónicamente, autorizó la ablación de los órganos y a las 06:00 horas se dirigió a su despacho, en el quinto piso del Palacio de Tribunales, para redactar la resolución que confirmaba en papel lo que había decidido verbalmente, en una carrera contra el reloj de la que dependía, entre otras, la vida de Sandro.
El juez recordó que las prohibiciones contenidas en la ley de ablación e implantes procuran "evitar el tráfico de órganos y desalentar la práctica de irregularidades".
