La Fiscalía Provincial de Madrid solicita dos años de prisión y un millón de euros de multa para el ex presidente de la Academia de Cine español Enrique González Macho por "manipular" el número de espectadores en la exhibición de la película "La isla interior" para obtener subvenciones.
En su escrito de acusación, el fiscal pide la misma pena para el productor de cine Juan Romero Iglesias por delitos de falsedad en documento público y de fraude de subvenciones, las mismas acusaciones que pesan sobre González Macho.
González Macho declinó hacer declaraciones a Efe sobre la demanda de la fiscalía por este caso y se limitó a señalar: "No puedo decir absolutamente nada sobre eso".
En el caso de que no paguen la multa de un millón de euros (1,05 millones de dólares), el fiscal pide que se les condene a seis meses más de cárcel.
Asimismo, solicita que abonen de forma conjunta y solidaria al Ministerio de Cultura 272.695,99 euros (287.764 dólares) más el interés correspondiente.
El fiscal acusa a González Macho de comunicar un "dato irreal" de espectadores correspondiente a las sesiones matinales en sus salas, un "número ingente" que incluso superaba a los de las sesiones de tarde.
Sin esos espectadores, Juan Romero Iglesias no habría conseguido los 293.326,83 euros que obtuvo como subvención para la empresa Mecanismo Films S.L.
"La isla interior", dirigida por Dunia Ayaso y Félix Sabroso, se estrenó el 28 de noviembre de 2009 en distintas salas propiedad de Multicines Cuenca, de la que era consejero González Macho, además de en los cines Renoir Price, Renoir Zaragoza, Lido, Roxy B y Multicines Majadahonda, de los que también era consejero el acusado.
El productor de "La isla interior" certificó en junio de 2011 que la película había tenido una retribución 5.000 euros superior a la mínima exigida -330.557 euros- por lo que el Ministerio de Cultura le concedió una subvención de 292.326,61 euros.
El de "La isla interior" no es el único caso abierto a González Macho por presunto fraude en la taquilla.
En noviembre de 2015, el Juzgado de Instrucción 18 de Madrid le imputó a él y al productor Edmundo Gil un delito por fraude en los datos de recaudación y de espectadores de la película "Rosa y negro" para conseguir subvenciones de Cultura.
Otros cineastas y distribuidores se han visto implicados en el presunto fraude por las ayudas al cine, investigado, al menos, por los juzgados de Madrid número 18, 40, 41, 29 y 23.