Consejo de Seguridad aprobó una resolución para llevar ante el tribunal con sede en La Haya a los responsables de violaciones a los DD.HH. cometidas desde julio de 2002 en Sudán.
El Consejo de Seguridad acordó juzgar los crímenes en la región sudanesa de Darfur en la Corte Penal Internacional (CPI), después que Estados Unidos renunciara a ejercer su derecho a veto tras obtener la plena inmunidad para sus ciudadanos.
La decisión fue tomada a través de la aprobación de una resolución, que obtuvo 11 votos a favor y 4 abstenciones (EE.UU., China, Brasil y Argelia).
En el texto se establece llevar a los responsables de crímenes y atrocidades en Darfur cometidos desde el 1 de julio del 2002 a la fiscalía de la CPI, con sede en la Haya.
En la resolución aprobada, el Consejo también pide al gobierno de Sudán y a todas las partes en el conflicto de Darfur que cooperen plenamente y proporcionen su asistencia a la Corte Penal y a su fiscalía.
Por otro lado, el Consejo pone énfasis en la necesidad de promover la reconciliación nacional y, con este objetivo, propugna crear comisiones de la verdad, en donde estén representados todos los sectores de la sociedad, para complementar los procesos judiciales.
Sin embargo, también se estipula que los nacionales de los países que no forman parte del Estatuto de Roma y que participen en operativos establecidos o autorizados por el Consejo de Seguridad o la Unión Africana en Sudán "estén sujetos exclusivamente a la jurisdicción de sus países de procedencia".
Esta disposición responde a la petición de Estados Unidos, un ferviente opositor del CPI, que durante las negociaciones de la resolución batalló para asegurarse de que sus ciudadanos, tanto soldados como civiles, queden exentos de la jurisdicción de este tribunal.
Por cuestiones relativas a su legislación nacional, Francia tuvo que desistir en su intención de patrocinar la resolución, pese a que ha sido el país que ha promovido con más fuerza que los crímenes de Darfur sean encausados en la CPI.
El Reino Unido fue quien presentó la versión final del documento, tras alcanzar un acuerdo con EE.UU., que amenazaba con ejercer su derecho a veto, si no se reforzaba el lenguaje relativo a la inmunidad de los ciudadanos estadounidenses por posibles actos criminales en operativos de paz en Sudán.
Desde su creación, la Administración de George W. Bush es contraria al CPI, porque teme que sus soldados y civiles puedan ser denunciados ante esta instancia judicial por "motivos políticos", pese a que existen garantías en el estatuto del tribunal más que suficientes para que eso no ocurra.
Washington, que ha calificado los crímenes de Darfur, como "genocidio" siempre expresó su deseo de que estas atrocidades no quedaran impunes, por lo que propuso que fueran procesadas en un tribunal especial, con sede en Tanzania, como el que se creó para procesar a los responsables del genocidio de Ruanda.
No obstante, su iniciativa no prosperó debido a que nueve de los 15 miembros del Consejo son Estados partes de la CPI y consideran que es el órgano judicial adecuado para remitir estos casos de violaciones de los derechos humanos.
El CPI, que comenzó a funcionar el uno de julio del 2002, se creó específicamente para juzgar crímenes de genocidio, guerra y lesa humanidad que se cometan en alguno de los Estados Partes o por ciudadanos de éstos.
El conflicto de Darfur estalló en febrero del 2003, cuando los grupos rebeldes de la zona se levantaron en armas contra el gobierno de Jartum por la marginación que sufrían y desde entonces han muerto unas 300.000 personas, a la vez que se han registrado unos 2,5 millones de desplazados. (EFE)
