Los agentes económicos están obligados a aceptar la criptomoneda y todos los precios de los productos y servicios deben expresarse en dólares y bitcoin.
Según la encuesta del Instituto de Opinión Pública, el 66,7% de la población opina que la Ley Bitcoin se debía derogar.
El Salvador se convirtió este martes en el primer país del mundo en el que tiene curso legal el bitcoin como moneda de intercambio, junto al dólar estadounidense, al entrar en vigor la legislación aprobada en junio pasado.
Los agentes económicos, según la legislación avalada por el oficialismo en la Asamblea Legislativa, están obligados a aceptar la criptomoneda y todos los precios de los productos y servicios deben expresarse en dólares y bitcoin.
El Gobierno dispone de más de 200 millones de dólares para la puesta en marcha del proyecto y, en la víspera, compró bitcoin equivalente a más de 21 millones de dólares al precio registrado el lunes.
La Ley Bitcoin cobró vigencia en medio de una amplía desaprobación de los salvadoreños, según distintas encuestas, y con distintas protestas convocadas para hoy para rechazar la normativa.
El uso del bitcoin se convirtió, desde su sorpresivo anuncio en una conferencia en Miami (EE.UU.) y su pronta aprobación, en la principal apuesta económica del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tras la pandemia del covid-19.
"Como toda innovación, el proceso del #Bitcoin en El Salvador tiene una curva de aprendizaje. Todo camino hacia el futuro es así y no se logrará todo en un día, ni en un mes", publicó en Twitter Bukele la noche del lunes.
"Pero -agregó- debemos romper los paradigmas del pasado. El Salvador tiene derecho a avanzar hacia el primer mundo".
Los sondeos de opinión revelan que este es el primer proyecto de Bukele rechazado por buena parte de la población a pesar de que el mandatario mantiene altos niveles de popularidad.
Según la encuesta del Instituto de Opinión Pública, el 66,7% de la población opina que la Ley Bitcoin se debía derogar y el 65,2% se mostró en desacuerdo en que el Gobierno utilice fondos públicos para financiar la implementación del criptoactivo.
