Chile expresó este viernes su "mayor preocupación" por las detenciones perpetradas por el gobierno de Nicaragua contra líderes opositores y disidentes sandinistas cuando faltan cinco meses para los comicios en los que el presidente Daniel Ortega busca su reelección.
"El Gobierno de Chile manifiesta su mayor preocupación ante el creciente deterioro del entorno político y democrático en Nicaragua poniendo en riesgo la vigencia del Estado de Derecho y el pleno respeto de los derechos humanos", expresó la Cancillería en un comunicado.
La nota oficial recalca que nuestro país "condena enérgicamente la persecución penal y política desatada en contra de los precandidatos presidenciales, partidos políticos, disidentes, opositores y medios de comunicación independientes de Nicaragua".
A la vez, el Gobierno chileno, sin mencionar a Ortega por su nombre, pidió "la liberación inmediata de todos los presos políticos".
A juicio de La Moneda, "la situación actual de Nicaragua amenaza severamente la realización de elecciones libres, justas, transparentes y con observación internacional, afectando la legitimidad del proceso político en curso".
La Policía Nacional nicaragüense mantiene bajo arresto a los aspirantes presidenciales de la oposición Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, a quienes los acusa de "traición a la patria" y les ha allanado sus domicilios.
Además, a dos ex vicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un ex dirigente empresarial, un banquero, cuatro activistas y dos ex colaboradores de una ONG que han sido detenidos en las últimas dos semanas bajo la acusación de diversos delitos.
Las detenciones de opositores se dan a falta de cinco meses para las elecciones generales de Nicaragua, que se celebrarán el próximo 7 de noviembre, en las que el presidente Ortega, en el poder desde 2007, busca una nueva reelección.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebró el martes una sesión virtual extraordinaria para "abordar la situación en Nicaragua", a solicitud de Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Perú, en la que se aprobó una resolución para exigir al presidente nicaragüense la liberación "inmediata" de los aspirantes presidenciales detenidos.
En contra votaron la propia Nicaragua, el gobierno de Bolivia, y San Vicente y las Granadinas. Además, se abstuvieron cinco países: Honduras, Belice, Dominica, México y Argentina.