Esto en medio de la crisis sociopolítica que vive el país marcada por protestas opositoras contra el gobierno.
Al gobierno de Daniel Ortega se le adjudica el fallecimiento de al menos 328 personas desde el 2018.
El gobierno de Nicaragua afirmó que ha "enterrado la cultura de la muerte" en medio de una crisis sociopolítica en la que defensores de los derechos humanos lo responsabilizan por el fallecimiento de al menos 328 personas en protestas antigubernamentales desde 2018.
"Nosotros decimos hoy que hemos enterrado la cultura de la muerte", afirmó la vicepresidenta Rosario Murillo a través de medios oficiales del gobierno.
La afirmación la hizo Murillo tras anunciar que el Gobierno de su esposo, Daniel Ortega, conmemorará "en grande" el asesinato del dictador Anastasio Somoza García (1896-1956).
"Estos días vamos a conmemorar en grande el inicio del fin de la dictadura, con la gesta heroica de Rigoberto López Pérez (1929-1956) en León: muerte al somocismo", dijo la vicepresidenta.
Somoza García, quien murió en un atentado ejecutado por López Pérez, fue el patriarca de la dictadura familiar somocista, que gobernó Nicaragua por unos 40 años hasta que fue derrocado su hijo Anastasio Somoza Debayle, en 1979.
Murillo insistió en la "muerte del somocismo" en tiempos en que la oposición nicaragüense, en aparente mayoría, compara a su familia con la de los Somoza, tras más de 12 años en el poder.
Las comparaciones se acentuaron desde abril de 2018, cuando el Gobierno de Ortega ejecutó ataques armados contra civiles y ciudades que protestaban contra el presidente, que dejaron cientos de muertos, presos, desaparecidos, y miles de heridos, conocidos como "Operación limpieza" desde la época de Somoza Debayle.
Las diferencias históricas
Historiadores nicaragüenses sostienen que la diferencia entre las acciones de Somoza Debayle y Ortega es que el primero enfrentó a guerrilleros sandinistas armados, y el segundo atacó a civiles que protestaban sin armas.
Datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indican que al menos 328 personas han muerto desde abril de 2018 en el marco de la crisis, una cantidad menor a las 595 que señalan los organismos locales, y a los 200 que reconoce el Gobierno.
La CIDH también ha señalado al Gobierno de Nicaragua como responsable de crímenes "de lesa humanidad", una cita recientemente retomada por la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
En los últimos cinco días el Gobierno de Nicaragua se ha negado en dos ocasiones a recibir a una comisión de la Organización de los Estados Americano (OEA), ordenada por la Asamblea General del organismo, para encontrar una salida pacífica a la crisis.
