Luego que La Haya considerara que no se probó el potencial daño de las celulosas en el río Uruguay, Buenos Aires encargará otros análisis para respaldar su petición de suspender las obras.
El Gobierno argentino solicitará nuevos estudios científicos para demostrar a la Corte Internacional de Justicia de La Haya la amenaza inminente medioambiental que supone la instalación de dos papeleras en su vecino Uruguay.
Así lo manifestó este martes el canciller argentino, Jorge Taiana, tras reunirse en Buenos Aires con la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, y con Jorge Busti, gobernador de la Provincia de Entre Ríos, frente a la cual se construyen las plantas de celulosa de la empresa española ENCE y la finlandesa Botnia.
"Tenemos la firme decisión de continuar con la vía judicial y la confianza de que se repararán las violaciones cometidas para evitar que se contamine el río Uruguay", destacó Taiana.
En ese sentido, dijo que se encargarán nuevos "estudios científicos" para probar el daño que causarán las factorías ante la Corte de La Haya, donde se dirime este conflicto, que ha tensado las relaciones entre Buenos Aires y Montevideo.
El jueves 13 de julio el máximo tribunal de justicia de las Naciones Unidas (ONU) rechazó un pedido de Argentina para que ordenara suspender las obras en la localidad uruguaya de Fray Bentos, sobre el río Uruguay, límite natural entre ambos países.
Según el fallo, Argentina no convenció al tribunal de que las papeleras representen "una amenaza inminente" para el medio ambiente, aunque la Corte dejó una puerta abierta para reconsiderar su decisión si se logra demostrar los efectos perjudiciales de las fábricas.
"La Corte dijo que la información era insuficiente para probar el daño inminente y por eso no aceptó la medida cautelar para suspender las obras. Ahora realizaremos nuevos estudios para probar el daño ambiental irreversible a futuro", explicó Picolotti.
Dijo que Argentina además "profundizará" la información reunida para hacer la nueva presentación ante el tribunal, para la cual este país tiene un plazo de seis meses que vence el 15 de enero próximo.
También estuvo presente en la reunión la consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerutti, quien destacó que, desestimado el pedido de paralizar las obras, Argentina "trabajará ahora en la cuestión de fondo" del planteamiento que realizó ante la Corte.
Ruiz Cerutti aludía al argumento argentino de que Uruguay violó el Estatuto del Río Uruguay al autorizar de forma unilateral la instalación de las papeleras, lo que rechaza el vecino país. (EFE)
