La autoridad medioambiental trasandina destacó que la sentencia que autorizó a Uruguay a proseguir la construcción de dos plantas de celulosa en una zona fronteriza "no es una decisión definitiva".
La secretaria argentina de Medio Ambiente, Romina Picolotti, dijo que el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, dado a conocer este jueves y que rechazó la petición de la Casa Rosada de suspender la construcción de dos plantas de celulosa en Uruguay, "deja abiertas las puertas para presentar futuras reclamaciones".
A su juicio, la decisión de La Haya "sólo significa que la Corte no encuentra pruebas suficientes para suspender las obras, pero más adelante podría hacerlo".
Esta "no es una decisión definitiva y me parece un mensaje importante para los inversores", añadió Picolotti al hablar ante una asamblea de vecinos en la ciudad argentina de Gualeguaychú, centro de las protestas contra las plantas de las empresas ENCE (española) y Botnia (finlandesa).
Picolotti afirmó, en este sentido, que el fallo de la Corte dejó abierta la posibilidad que el Gobierno de Argentina presente nuevas medidas cautelares en el caso de reunir nuevas pruebas y de que el Tribunal pudiese ordenar "la suspensión o el desmantelamiento" de las obras.
"Es muy importante que la Corte señale expresamente la responsabilidad exclusiva de Uruguay respecto del riesgo de continuidad de las obras", indicó la autoridad trasandina, quien opinó que el fallo "es de suma importancia tanto para nuestra estrategia judicial como para la financiera".
"Espero que los bancos entiendan que esto, (porque la resolución) no significa que las fábricas de pasta de papel sean una inversión segura", acotó.
"El daño ambiental se va a consumar y por eso es una inversión de riesgo", indicó Picolottti, que asumió su cargo hace dos semanas, tras surgir desde las asambleas de Gualeguaychú como un referente contra las plantas que se construyen en Fray Bentos, frente a la citada ciudad argentina.
Picolotti pidió a los asambleístas que analizaran "con cuidado" los próximos pasos a realizar, ante las amenazas de nuevos cortes de carreteras.
Les dijo que "son libres de hacer lo que les parezca", aunque les pidió que consideraran "las consecuencias jurídicas" que tendría una nueva interrupción del tránsito hacia Uruguay.
El proyecto, avaluado en 1.900 millones de dólares, creará 600 empleos, incrementará las exportaciones papeleras uruguayas hasta en un 15 por ciento, y es la mayor inversión extranjera en la historia del país. (Agencias)
