Un total de 58 policías de la ciudad de Córdoba, capital de la provincia del mismo nombre de Argentina, son juzgados a partir de este lunes por encerrarse en su cuartel a modo de huelga en diciembre de 2013, algo que derivó en revueltas ciudadanas que dejaron un muerto y más de 200 heridos.
A más de cuatro años de estos acontecimientos, el proceso judicial se lleva a cabo en la Cámara 12 del Crimen, a cargo de los jueces Gustavo Reinaldi y Gabriela Bella, mientras que la acusación se encuentra bajo la responsabilidad de los fiscales Carlos Mariano Antuña y Raúl Garzón, principal investigador de los hechos.
"Prestarán declaraciones testimoniales todos los jefes policiales del momento, funcionarios del Ejecutivo provincial y el ex gobernador de Córdoba, José Manuel de La Sota", señaló Reinaldi antes de dar comienzo en la capital provincial al proceso oral, según lo informado por la radio Cadena 3.
El motín se llevó a cabo el 3 y el 4 de diciembre de ese año como protesta para reclamar al Gobierno mejoras salariales, un hecho que posteriormente se contagió a ocho provincias más y produjeron una ausencia de autoridades en las calles que pudo haber facilitado la ola de saqueos y actos de delincuencia por parte de la ciudadanía.
Ante esta situación, los disturbios se extendieron durante dos días sin ningún tipo de penalización en Córdoba, sucesos que sirvieron de precedente para que los cuerpos policiales del resto de distritos imitaran la iniciativa.
De la Sota, entonces gobernador de la provincia, se vio obligado en el momento a volver de una misión oficial para entablar negociaciones con el gobierno nacional para solucionar la situación.
Después de un día y medio de conversaciones, los sucesos pudieron frenarse con un operativo en el que participaron más de mil efectivos de la gendarmería nacional.
Los oficiales están acusados, en su mayoría, de "desobediencia a la autoridad, aplicación indebida de caudales públicos, incitación a cometer delitos e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos" al no acudir a ejercer sus funciones, según el informe emitido entonces por la justicia argentina.
Entre las principales quejas de la defensa, se encuentra el hecho de que de una huelga en la que participaron miles de oficiales con el mismo objetivo, solo 58 hayan sido convocados.
Actualmente, los policías en cuestión permanecen en libertad, a disposición del veredicto de las audiencias que tienen hoy su punto de partida y que se extenderán durante tres días.
No obstante, se estima que el proceso judicial completo junto a los testimonios de testigos durará entre dos y tres meses.
