El fiscal general de Córdoba aseguró que se retomaron las negociaciones con los presos, quienes desde el jueves retienen a varias personas, entre las que figura el director del recinto.
El motín que se desató el jueves 10 de febrero en una cárcel de Córdoba, en el centro de Argentina, ya ha causado ocho muertos -cinco presos, dos agentes penitenciarios y un policía- y un número indeterminado de heridos, que podría rondar la 30, según informes oficiales.
Durante la madrugada fueron liberados 13 rehenes, entre guardias, mujeres y niños, si bien todavía quedan varias personas retenidas por unos 1.600 reclusos que controlan el penal situado en la capital cordobesa, 715 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.
El fiscal general de la provincia, Gustavo Vidal Lascano, a cargo del comité de crisis organizado para enfrentar el motín, que se inició hace más de 18 horas, dio la cifra oficial de muertos y aseguró que se retomaron las negociaciones con los presos.
El jurista indicó que ante el requerimiento de los reclusos, se aseguró que al penal "no va a ingresar el cuerpo de elite (de la policía), se van a respetar los regímenes de visita como se venían realizando hasta ahora y se garantizará la libertad de cultos".
Los incidentes comenzaron la tarde del jueves, durante la hora de las visitas, cuando un vigilante empujó a la mujer de uno de los presos, lo que provocó la reacción de algunos reclusos, que empezaron a forcejear con el guardia, pelea a la que, en pocos segundos, se sumaron más detenidos.
Después, los presos consiguieron hacerse con algunas armas y, en medio de un fuerte tiroteo, un grupo de 16 reclusos intentó fugarse abordo de un camión, acción que fue abortada por las fuerzas policiales que rodeaban el centro penitenciario.
Entre los rehenes hay varios guardias, el director de la prisión, Emilio Corso, y el subdirector, Francisco Toledo, mientras que medio centenar de familiares de presos permanecen en el penal por decisión propia.
Algunos medios de prensa locales informaron que casi la totalidad de los reos está dispuesta a poner fin al motín, pero hay unos 100 condenados a reclusión perpetua que se oponen y exigen una conmutación de penas.
Pocos minutos después de que se oyesen algunos disparos efectuados en el interior de la cárcel, el alcalde de la ciudad, Luis Juez, admitió que las autoridades temen que se produzca algún enfrentamiento entre los reclusos condenados y los procesados. (EFE)
