Deberá pagar 1.330 millones de dólares, más intereses, a fondos de inversión.
Para saldar deuda deberá destinar más de dos tercios de sus reservas.
Entre 2005 y 2010 Argentina logró reducir en más de un 60 por ciento el valor de su deuda.
"El peor de los resultados". Así titularon varios medios en Argentina la noticia de que la Corte Suprema de Estados Unidos decidió rechazar el pedido del gobierno argentino de revisar dos fallos adversos de un tribunal de Nueva York que obligan al país sudamericano a pagarle a un grupo de acreedores el 100 por ciento de sus bonos de deuda soberana o llegar a un acuerdo negociado con ellos.
La decisión parece no dejarle a Argentina otro camino que acatar los fallos desfavorables y pagarle 1.330 millones de dólares, más intereses, a los fondos de inversión NML Capital Ltd. y Aurelius Capital Management, que lideraron la demanda en la que también hay bonistas argentinos.
Pero lo que preocupa a los argentinos no es esa cifra, sino la catarata de demandas que podría enfrentar el país si acepta pagarle a los que llama "fondos buitre".
Es que mientras que Argentina logró reestructurar el 93 por ciento de la deuda de cerca de 100 mil millones de dólares que había entrado en cesación de pagos en 2001, aún debe negociar con el 7 por ciento que se rehusó a entrar en los canjes de deuda de 2005 y 2010.
Los fondos que demandaron a Argentina son apenas un pequeño grupo de estos llamados holdouts: representan el 0,45 por ciento del total de acreedores.
Por eso, Argentina mantiene que si les paga el 100 por ciento del valor de sus bonos a estos demandantes, el resto de los holdouts exigirá lo mismo, algo que el país considera impagable.
Por otra parte, los fallos contra Argentina impiden al país seguir pagándole al 93 por ciento de los bonistas que sí aceptaron reestructurar sus bonos si no le paga también a los demandantes, por lo que Argentina ya había advertido que un fallo adverso generaría una nueva cesación de pagos o default técnico.
A la espera del anuncio oficial
La Casa Rosada informó que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hablará por cadena nacional en la noche de Argentina (a las 21:00 hora local, 00 :00 GMT), y se espera que la mandataria trace los próximos pasos que dará el país.
El domingo, durante la cumbre del G77 en Bolivia, Fernández había advertido que "este pequeño grupo de fondos buitre pone en peligro no solo a la Argentina, sino que se pone en juego el sistema financiero y económico internacional".
También dijo que los fondos realizan sus exigencias "bajo la amenaza de que se caiga toda la reestructuración de la deuda".
En ese sentido, Argentina no es el único país que advierte que la decisión de la Corte Suprema estadounidense repercutirá de forma negativa en futuras reestructuraciones de deuda en otros países, al desalentar la aceptación de canjes e incentivar la vía judicial.
Así lo manifestaron los gobiernos de Francia, Brasil y México, que se habían presentado ante el Tribunal para defender la posición argentina. Incluso EE.UU. y el Fondo Monetario Internacional (FMI) –ambos críticos del gobierno argentino- hicieron la misma advertencia.
"Nadie te va a aceptar una quita si sabe que a través de la Justicia puede reclamar el 100 por ciento de sus bonos. Se acabaron las reestructuras de deuda soberana", sentenció un analista argentino en la TV local, tras conocerse el rechazo de la Corte.
Entre 2005 y 2010 Argentina logró reducir en más de un 60 por ciento el valor de su deuda. Ahora, para pagarle a los holdouts el total de lo que reclaman tendría que destinar más de dos tercios de sus reservas, según las estimaciones oficiales.
Por eso, economistas como Abraham Gak, del Grupo Fénix, creen que para el país será imposible acatar los fallos de la Justicia estadounidense, según dijo a BBC Mundo.
En cambio, otros advirtieron que las consecuencias de no pagar a los demandantes serán aún más graves.
Fuera del mercado
El ex secretario de Finanzas de Argentina Guillermo Nielsen, quien negoció la reestructura de la deuda soberana, consideró que si Argentina no acata los fallos desfavorables quedará "alejado del mejor mercado financiero del mundo, que es el de Nueva York", durante los próximos doce años.
"Esto va a afectar todas las decisiones de las grandes empresas argentinas y del mercado financiero argentino durante varios gobiernos", señaló en declaraciones a distintos medios locales.
El exfuncionario también criticó el bajo nivel de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), y dijo que si las reservas argentinas fueran tan altas como las de sus vecinos latinoamericanos, pagarle a los holdouts no sería tan problemático.
Otros especialistas coincidieron en que si bien en los últimos tiempos Argentina había enviado señales positivas al mercado con el pago por la expropiada petrolera YPF a Repsol, la negociación de la deuda del Club de París y otros acuerdos similares, la reacción que tenga el gobierno ante este fallo podría definir si logra volver a contraer deuda.
Los pasos siguientes
Más allá del anuncio de esta noche, se espera que Argentina gane un poco de tiempo a través de un proceso legal llamado un recurso de reconsideración, que le permitiría estirar los plazos del fallo unos meses.
Así, el país podría pagar a sus acreedores el próximo cupón de deuda que vence a finales de junio.
Lo que pase después de eso dependerá no sólo de la decisión que tome Argentina, sino también de lo que proponga el juez de primera instancia de Nueva York Thomas Griesa, a cuyas manos regresará el expediente argentino.
Griesa es el magistrado que primero falló contra Argentina en este caso, por lo que se anticipa que obligará al país sudamericano a cumplir con su sentencia original.
No obstante, hay quienes creen que el juez podría aceptar postergar el pago unos meses u obligar a los fondos y a Argentina a sentarse a negociar la forma de pago.
Si esto ocurriera, Argentina podría sortear uno de sus principales obstáculos: una cláusula que le prohíbe pagarle a nuevos acreedores más de lo que le pagó a quienes entraron en los canjes de deuda.
Esta cláusula, conocida como RUFO (Rights Upon Future Offers), vencerá el próximo 31 de diciembre y después de eso el país tendrá otra flexibilidad para negociar con los fondos que ganaron la demanda.
