El procedimiento se debió a realizar a la fuerza.
Es investigada por presunta manipulación de documentos públicos relacionados a la empresa Los Sauces, propiedad de los Kirchner.
Se trata de inmuebles ubicados en puerto Madero.
La Justicia argentina ordenó allanar varios oficinas en Buenos Aires en busca de datos sobre inmuebles de la empresa Los Sauces, participada por la ex presidenta Cristina Fernández y que está siendo investigada por presunta manipulación de documentos públicos.
Según informó el diario Clarín de Argentina, se trata de inmuebles ubicados en puerto Madero en los cuales ingresó personal policial por ordena del juez Claudio Bonadio.
El procedimiento se debió a realizar a la fuerza debido a la negativa de las personas -al interior de las viviendas- de abrir las puertas.
En concreto, el operativo se ordenó y realizó el jueves con el fin de "proceder al secuestro" de toda la documentación relacionada con los propietarios de tres pisos a nombre de la sociedad, "además de toda aquella que se relaciona con el pago de servicios y quienes abonaban las expensas desde el primer pago".
Según la orden judicial, dictada por el magistrado federal Claudio Bonadio, divulgada hoy por el canal de noticias TN y confirmada a la Agencia EFE, también se habilitó retirar computadores y dispositivos electrónicos.
"Lo que se ha allanado son dos administraciones de propiedades en búsqueda de documentación que nos permita conocer quién paga los gastos de cuatro inmuebles de los Sauces S.A", explicaron a Efe fuentes judiciales.
La decisión se libra en la causa titulada "Fernández, Cristina y otros s/Falsificación de documentos públicos".
La investigación, surgida tras una denuncia presentada en abril por la diputada de centroizquierda Margarita Stolbizer, busca determinar si los inmuebles que poseía la empresa fueron utilizados para supuestos negocios irregulares con empresarios ligados a la obra pública.
Según Stolbizer, la presunta alteración de los documentos de Los Sauces permitieron también modificar "el contenido de las declaraciones juradas presentadas" por Fernández cuando era presidenta (2007-2015), por lo que la diputada también pidió investigar un supuesto enriquecimiento ilícito de la exmandataria.
Es así que el fiscal Carlos Rívolo acusó a la ex presidenta y a su hijo, el diputado Máximo Kirchner, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos.
La investigación contra la familia Kirchner
Las fuentes destacaron a EFE que lo que se está investigando es "un posible enriquecimiento ilícito, un posible cohecho, una falsificación de documentos y una omisión de datos verídicos en la declaración jurada de la ex presidenta".
"Porque su hijo no presentaba declaración jurada por lo menos ante las autoridades de control de alguna institución, porque asumió como diputado en diciembre pasado", añadieron.
Ahora, si se logra reunir elementos de prueba, el juez deberá decidir si llama o no a declaración indagatoria a la ex mandataria.
Fernández también está involucrada en otra causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la empresa hotelera Hotesur, también participada por ella.
Según la Justicia, el lujoso hotel Alto Calafate, controlado por Hotesur, habría funcionado como alojamiento "fantasma" para presuntos negocios irregulares con Lázaro Báez, principal adjudicatario de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, el bastión kirchnerista y que está detenido en el marco de una causa por supuesto lavado de dinero.
Rívolo, a cargo de la investigación de Los Sauces, pidió acceder a los papeles de la causa Hotesur, según puntualizaron hoy fuentes del caso.
Además, la ex mandataria argentina aparece acusada en una investigación por irregularidades en el Banco Central que lleva adelante Bonadio, también a cargo del caso Los Sauces.
