Claudio Bonadío procesó a la ex mandataria por ser jefa de una asociación ilícita para recibir millonarios sobornos.
El Congreso ahora deberá debatir si desafuera a la actual senadora para permitir su procesamiento.
El juez Claudio Bonadío procesó con prisión preventiva a la ex presidenta argentina Cristina Fernández acusándola de ser la "jefa de una asociación ilícita, responsable de comandar una estructura desde el Estado" para obtener fondos ilegales.
Según citó Clarín, Bonadío comprobó en la investigación la existencia de una "una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), actuó entre los años 2003 y 2015".
El objetivo -agregó el juez- fue "procurar la percepción de sumas de dinero ilegítimas por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional", en la causa conocida como "los cuadernos de las coimas".
El magistrado, según detalla Clarín, determinó que "durante un lapso cercano a los ocho años ─cuanto menos─, Roberto Baratta (subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Nelson Javier Lazarte (secretario privado de Baratta), Hernán Camilo Gómez (funcionario de la subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Fabián Ezequiel García Ramón (director nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Federal), Rafael Enrique Llorens (subsecretario Legal del Ministerio de Planificación Federal) y Walter Fagyas (presidente de ENARSA), efectuaron las cobranzas a distintos particulares, habiendo sido trasladados, en la mayoría de las oportunidades, en vehículos conducidos por Oscar Bernardo Centeno".
"Previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios, tales como José María Olazagasti (secretario privado de Julio Miguel De Vido), Hugo Martín Larraburu (coordinador de la Unidad Ministro del Jefe de Gabinete de Ministros), Juan Manuel Abal Medina (Jefe de Gabinete de Ministros) y Héctor Daniel Muñoz (secretario privado de la Presidencia de la Nación)", agregó el juez.
Finalmente -prosigue Bonadío- la operación derivaba el dinero "a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández y Julio Miguel De Vido".
Un juez arbitrario por fuera del estado de derecho
El abogado defensor de la ex mandataria, Gregorio Dalbón, aseguró que Bonadío está actuando arbitrariamente y fuera de sus competencias reales como persecutor del estado argentino.
"Era algo que estábamos esperando, habituados a un Bonadio que no está ejerciendo su rol de juez independiente sino de juez arbitrario por fuera del estado de derecho", señaló Dalbón.
El defensor aseguró que el magistrado -que ya procesó a Fernández en otras causas e incluso pidió su desafuero para detenerla a finales del año- está "comulgando con las corporaciones mediáticas" y con el Poder Ejecutivo nacional para seguir "persiguiendo a la líder de la oposición".
Desde el oficialismo valoraron el hecho
El diputado oficialista, Juan Manuel López, señaló que esta decisión es el paso previo para lograr futuras condenas.
"Es el paso necesario para condenas seguras a Cristina Kichner, a los funcionarios y a los empresarios que por más arrepentidos que estén, confesaron un delito y por primera vez van a sufrir las consecuencias penales de haber cometido un delito", destacó López.
