Corte Suprema de Justicia aplicó el polémico beneficio conocido como "cómputo del 2x1" a Luis Muiña.
Tribunal declaró aplicable una ley que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001.
Organizaciones de derechos humanos aseguraron que informarán esta decisión a la ONU o a la OEA.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina aplicó este miércoles un polémico beneficio penitenciario derogado en 2001 y conocido como el "cómputo del 2x1" para rebajar la pena de una persona condenada por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura trasandina (1976-1983).
La sentencia, aprobada con tres votos a favor y dos en contra, fue dictada en el caso del civil Luis Muiña, condenado en diciembre de 2011 a 13 años de prisión por torturas y secuestros cometidos contra cinco víctimas en una cárcel clandestina que funcionó dentro de un hospital público durante el régimen militar.
La decisión del máximo tribunal argentino declaró aplicable la Ley 24.390, conocida como "2x1", que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001 y que establece que si la detención preventiva de un imputado dura más de dos años, a partir de dicho plazo cada día se computará doble a la hora de establecer la duración de la pena.
Muiña fue condenado por un tribunal federal de Buenos Aires en una causa en la que el último dictador de Argentina, el ex general Reynaldo Bignone, fue sentenciado a 15 años de prisión por la privación ilegítima de la libertad de al menos 15 personas, seis de las cuales forman parte de la lista de 30 mil desaparecidos que dejó la represión del régimen.
Después de que la condena se hiciera firme en septiembre de 2013, el tribunal realizó el cómputo de detención y de pena de Muiña, determinando, con base en dicha ley, que esta vencería el 11 de noviembre de 2016, lo que fue recurrido por el Ministerio Público Fiscal.
El cálculo fue anulado en marzo de 2014 por la Cámara Federal de Casación Penal, que dispuso realizar un nuevo cómputo al considerar que la norma era inaplicable en esta causa, algo que fue apelado por la defensa del condenado ante la Corte, que, finalmente, este miércoles consideró que debía aplicarse el procedimiento original.
Argumentos a favor y en contra
En la sentencia, los dos jueces que votaron en contra insistieron en que esta reducción no es aplicable a los delitos de lesa humanidad, sin embargo, el resto de los magistrados manifestaron que "debe resolverse en favor del acusado en virtud de las exigencias del principio de legalidad", ya que la solución que propugnan es "aquella internacionalmente aceptada, incluso para el caso de los delitos de lesa humanidad".
En ese sentido, hicieron referencia al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional o al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia que, según apuntaron, reconocen el carácter imperativo de la aplicación de la ley penal más benigna para el condenado.
Finalmente, consideraron que la mejor respuesta que una sociedad "respetuosa de la ley" puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad y la única manera "de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba" es el "estricto cumplimiento" de los principios que caracterizan el Estado de Derecho, lo que, en su opinión, exigía realizarse en el caso de Muiña.
Reacciones
El secretario de Derechos Humanos del Gobierno argentino, Claudio Avruj, se mostró de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema de Argentina.
"Yo acato lo que dijo la Corte Suprema de Justicia. Si los jueces consideraron que el marco legal lleva a esto, hay que respetarlo", apuntó Avruj en una entrevista para una radio local al respecto de la decisión, que rápidamente fue rechazada por las organizaciones de derechos humanos del país.
La presidenta de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, calificó la medida de "abominable" y acusó a la Justicia y al Gobierno de incurrir en una "estafa moral a la sociedad".
"Nos están destruyendo en lo económico y en lo moral, en la parte de conciencia cívica que hemos tomado en los últimos tiempos para defender lo que hay que defender", dijo.
Visiblemente indignada, De Carlotto aseguró que informarán de esta decisión a la Organización de las Naciones Unidas o a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y que se pondrán en campaña a partir de mañana para consultar "a los jerarcas del derecho" para que les aconsejen sobre los pasos a seguir.
