El Gobierno de Argentina defendió este lunes los cambios en sus controles migratorios, destinados a evitar que entren en el país extranjeros con antecedentes penales, y cuestionó las quejas de Bolivia que consideraban que se trata de políticas discriminatorias que condenan la inmigración.
La ministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, comentó que "hay un ruido de parte de Bolivia" que "no es consistente ni con sus decisiones políticas ni con sus leyes".
"Con Bolivia veníamos hablando mucho de la necesidad de trabajar el narcotráfico en ambas fronteras. Todo lo que entra sale. Es importante una colaboración de parte de ambas autoridades migratorias y de las fuerzas policiales para combatir el narcotráfico", remarcó la ministra en declaraciones a radio La Red.
Estas afirmaciones se dan el mismo día en que Bullrich se reúna con una delegación boliviana encabezada por el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, y el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, para conocer los detalles de los cambios en la ley de inmigración argentina y las condiciones de vida de los ciudadanos bolivianos.
A fines de enero, el Ejecutivo argentino aprobó un decreto que modifica la ley migratoria con el fin de acelerar los procesos de deportación y prohibición de ingreso en el país de extranjeros que hayan cometido delitos graves, controversia que se encendió cuando Bullrich vinculó el aumento del narcotráfico en Argentina con la inmigración de paraguayos, peruanos y bolivianos.
En respuesta, el presidente de Bolivia, Evo Morales, sostuvo la pasada semana que sus compatriotas que viven en Argentina "no son delincuentes" ni "narcotraficantes", sino que realizan actividades productivas para mejorar su situación económica familiar y aportan al desarrollo.