La nueva ley amplía el rango de delitos imputables como terrorismo, tales como "amenaza o incitación a cometer actos terroristas".
Los grupos de derechos humanos consideran la ley como un intento de perseguir y silenciar a la disidencia.
Un sospechoso de terrorismo puede permanecer detenido sin orden de arresto hasta 24 días.
La nueva ley antiterrorista de Filipinas -aprobada por el Parlamento- entró este sábado en vigencia a pesar de las críticas de la oposición y de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
El Gobierno insistió en que la nueva ley respetará los derechos humanos como la libertad de manifestación y que está dirigida a los grupos yihadistas afines al Estado Islámico con presencia en el país y a la guerrilla comunista.
Sin embargo, los grupos de derechos humanos consideran la ley como un intento de perseguir y silenciar a la disidencia. El proyecto fue aprobado por las dos cámaras de Parlamento y firmada por el presidente filipino, Rodrigo Duterte, el pasado 3 de julio.
La nueva ley amplía el rango de delitos imputables como terrorismo, tales como "amenaza o incitación a cometer actos terroristas", condenable con 12 años de prisión, lo que buscaría castigar el disenso, ya que se podría catalogar terrorismo cualquier protesta contra el gobierno.
La nueva ley sustituye a la Ley de Seguridad Humana de 2007 y, entre otras modificaciones, extiende el tiempo que un sospechoso de terrorismo puede permanecer detenido sin orden de arresto, de tres a 24 días.
Además permite que sea un comité formado por oficiales del Gobierno y las fuerzas de seguridad el que emita órdenes de arresto, en vez de los tribunales.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió al presidente que no firmara la ley por la amenaza que supone para los activistas y disidentes, de la misma manera que Human Rights Watch.
