Según los dirigentes de las zonas disconformes con La Paz, Evo Morales quiere desconocer el resultado del referendo que entrega mayores poderes a los gobiernos departamentales.
Las cuatro regiones de Bolivia aliadas en su demanda de autonomía de gestión convocaron este lunes a la resistencia civil para exigir al gobierno del presidente Evo Morales respeto al referendo en el que aprobaron ir a ese régimen y que fue rechazado en los otros cinco departamentos del país.
La resolución fue asumida en la reunión de la "Junta Autonómica y Democrática", formada por los prefectos (gobernadores) y dirigentes
de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, cuatro de los nueve departamentos que tiene Bolivia en los que la mayoría de la población apoyó
las autonomías regionales en la consulta del 2 de julio de 2006.
Los cuatro distritos suman dos tercios del territorio boliviano, un tercio de la población total y un 60 por ciento de Producto Interior Bruto (PIB) nacional.
Además, en Tarija se encuentra el 85 por ciento de las reservas de gas natural del país.
Los dirigentes regionales denunciaron que el presidente Morales comete un "error histórico" al querer controlar "todos los poderes del Estado, inmiscuyéndose de manera antidemocrática en los mismos, para dividir a Bolivia en 36 territorios indígenas, en 42 regiones, desconociendo cerca de 200 años de construcción nacional".
Según los dirigentes, de esa forma, el presidente busca imponer en la Asamblea Constituyente una autonomía diferente a la que ganó en el referendo del año pasado en la denominada "media luna", integrada por los cuatro departamentos que convocaron la resistencia.
Una de las resoluciones de la Junta, leídas por el presidente del Comité Cívico cruceño, Branco Marinkovic, define convertir "el estado de emergencia en estado de movilización ciudadana para la organización de la resistencia civil y democrática".
Otra convoca a "las Fuerzas Armadas a cumplir su rol constitucional como institución fundamental de la patria", y a la población boliviana a defender "la soberanía, la dignidad, unidad del país, libertad y democracia".
Los dirigentes regionales también instruyeron la realización de las asambleas cívicas departamentales para "definir acciones legitimas en defensa del voto por las autonomías".
Anunciaron que el próximo 2 de julio presentarán los estatutos autonómicos de cada región y cinco días después se volverán a reunir para definir otras acciones para defender "la democracia y la libertad".
A la Constituyente le pidieron cumplir con el mandato del referendo de 2006 para que la nueva Carta Magna incluya un régimen de autonomías departamentales, en lugar de las autonomías que impulsa el gobierno de Morales.
Advirtieron que, si su demanda no es atendida, se cumplirá fielmente el mandato de los pueblos "expresado en los cabildos del 15 de diciembre de 2006", cuando acordaron desconocer la nueva Constitución si esta no incluye la autonomía departamental demandada.
El conflicto ha causado otra vez tensión en las relaciones del gobierno con la oposición, tanto en el Parlamento como en la Asamblea Constituyente, reunida en la ciudad de Sucre, la capital oficial de Bolivia.
El presidente Morales planteó el fin de semana pasado que las propuestas sobre autonomías departamentales, "reivindicadas por muchos años", y las indígenas, "reivindicadas por siglos", se unan para dar una solución al conflicto político.
No obstante, el titular de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, del MAS, dijo este lunes, en una velada crítica a los dirigentes de las regiones citadas, que existían "propuestas extremistas y radicales que plantean la autonomía departamental, debilitando y poniendo en riesgo el Estado central y la unidad del país".
"En el fondo lo que están planteando es la desintegración del país y no podemos llegar a esos excesos, con el enorme riesgo de que esto pueda provocar desintegración", dijo Novillo. (EFE)
