Un tribunal anticorrupción de Bolivia condenó este martes a Gabriela Zapata, ex novia del presidente boliviano, Evo Morales, a 10 años de prisión por seis delitos económicos, entre ellos el de legitimación de ganancias ilícitas.
El juez principal del tribunal, Iván Perales, dictó la sentencia esta madrugada, tras más de 18 horas de audiencia y al término de un juicio oral que comenzó el pasado 17 de marzo.
Zapata fue condenada por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictiva, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribución y ventajas ilegitimas, y uso indebido de bienes y servicios públicos.
Durante la audiencia, Zapata, que está detenida desde febrero de 2016, insistió entre sollozos en que era inocente y consideró "injusto e inhumano" que la Fiscalía reclame para ella 10 años de prisión.
Los fiscales Daniel Ayala y Juan Carlos Soria probaron el delito de legitimación de ganancias ilícitas "en base a los millonarios depósitos en las cuentas de Zapata y los pagos en efectivo que realizó la acusada para comprar bienes inmuebles, autos y empresas, entre otras propiedades", indicó la Fiscalía en un comunicado.
También establecieron que la acusada se inventó un título de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz para figurar como abogada con el propósito de suscribir varios documentos notariales.
Asimismo, según los fiscales, Zapata aparentó varias veces ser funcionaria de la Unidad de Gestión Social del gobierno donde tenía reuniones con empresarios.
Zapata no pudo explicar la procedencia de dos millones de dólares en sus cuentas. (Foto: Página Siete / Archivo)
La que fuera novia de Morales entre 2005 y 2007 fue acusada por el propio gobierno de usar para hacer tratos ilegales esas oficinas del Ministerio de la Presidencia, que hace muchos años servían como despacho de la primera dama.
Según el gobierno, los altos cargos de ese Ministerio nunca se enteraron de que Zapata hacía negociaciones en esas oficinas.
Durante la investigación, los fiscales dijeron que Zapata no pudo explicar la procedencia de dos millones de dólares en sus cuentas, ya que la suma no se correspondía con el salario que percibía como gerente comercial de una filial de la constructora china Camce.
Esa empresa se adjudicó varios contratos estatales para construir obras en Bolivia por 566 millones de dólares.
En principio, la oposición denunció un supuesto tráfico de influencias vinculado al presidente Morales, pero él siempre ha rechazado la acusación y el Parlamento, controlado por su partido, concluyó en una investigación que ese delito no existió.
Cómplices condenados
Además, el juez Perales condenó como cómplices a la ex jefa de la Unidad de Gestión Social Cristina Choque y al ex chófer de esa entidad Jimmy Morales, a penas de cuatro y tres años de prisión, respectivamente.
A dos años de prisión fueron sentenciados Ricardo Alegría y Carlo Ramírez, que eran amigos de Zapata y también fingían ser empleados del Estado para ayudarle en sus negociados con empresarios.
El juez impuso tres años de prisión al abogado Walter Zuelta, prófugo de la justicia desde mayo de 2016 y que llegó a ser tesorero de la Federación Boliviana de Fútbol, por sus vínculos en las negociaciones con Zapata.
Gabrila Zapata está también imputada en otro proceso por trata de personas a propósito de haber sido parte de un montaje para presentar el año pasado en un juzgado a un niño como si fuera hijo suyo y del mandatario, argumentando que nació en 2007.
Sin embargo, la mujer luego se retractó de esas afirmaciones y afirmó que el supuesto hijo en realidad nunca nació, pese a que muchas veces había sostenido enfáticamente lo contrario.
Oposición criticó sentencia
El senador opositor boliviano Óscar Ortiz expresó su "indignación" por la sentencia de diez años de prisión por delitos económicos dictada contra Zapata, al considerar que la investigación realizada fue insuficiente y el juicio fue manipulado.
"Creo que todo esto es un juicio arreglado, es un juicio donde se han echado a un lado los delitos que debían ser juzgados como uso indebido de influencias, como conducta antieconómica", afirmó a los medios el senador Ortiz, de Unidad Demócrata (UD).
Ortiz lamentó que en el juicio, que concluyó esta madrugada, no se incluyeron a ejecutivos de CAMCE, ni a ex ministros, autoridades o gerentes de empresas públicas que hicieron negocios con esa constructora china, lo que era "el fondo del problema", opinó.
El juicio se limitó a "unos delitos menores, unos delitos que buscan concentrar la responsabilidad solo en la señora Zapata y otras personas de menor importancia", agregó el senador.
"Queda pendiente para el país que, en algún momento, se haga una verdadera investigación y un verdadero proceso al fondo del problema que fueron los negocios entre la señora Zapata, algunos malos funcionarios públicos y la empresa CAMCE", insistió.
