La oposición boliviana denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se reúne en el país, la candidatura a la reelección del presidente Evo Morales, que considera ilegal por incumplir la Constitución y el resultado de un referéndum.
Líderes opositores como el ex presidente boliviano Carlos Mesa, el senador Óscar Ortiz y los diputados Rafael Quispe y Wilson Santamaría presentaron ante la CIDH, que celebra periodo de sesiones en Sucre, capital de Bolivia, distintos pedidos para que esta entidad se pronuncie sobre la candidatura de Morales para las elecciones de próximo octubre.
Mesa, candidato de la alianza Comunidad Ciudadana, explicó que presentó un escrito ante la CIDH para denunciar "la grave situación planteada en Latinoamérica por la arbitraria interpretación del artículo 23 de la Carta Interamericana de Derechos Humanos".
El Tribunal Constitucional de Bolivia determinó en 2017 que ese artículo de la carta, firmada por el país, habilita a la reelección indefinida, al reconocer el derecho de los mandatarios a ser elegidos y del pueblo a elegirlos, aunque la Constitución boliviana limite a dos los mandatos consecutivos.
El candidato opositor indicó en un comunicado que "los presidentes de Honduras, Nicaragua y Bolivia" recurren a ese artículo para inventarse "un inexistente derecho humano y político" y violar sus respectivas constituciones para legalizar la reelección indefinida.
"En el caso de Bolivia el hecho es aún más grave (...), pues Evo Morales ha violado la soberanía del pueblo boliviano que en el referendo de 21 de febrero de 2016 dijo no a la modificación del (...) máximo de dos periodos consecutivos", criticó.
Por ello, pidió a esta comisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que emita una opinión consultiva antes de las elecciones del 27 de octubre de este año en Bolivia.
Por su parte, Óscar Ortiz, candidato de la alianza Bolivia Dice No, un lema que recuerda el resultado del referéndum, entregó a la comisión 700 folios con "pruebas" de que la candidatura de Morales es inconstitucional y genera crispación social en el país.
Estas pruebas, según aseguró a través de Twitter, muestran además "la persecución política y el amedrentamiento del MAS a los opositores, así como todos los casos de corrupción del MAS", en alusión al gubernamental Movimiento al Socialismo.
Otros opositores, como los diputados Quispe y Santamaría, de Unidad Demócrata, trasladaron personalmente a la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena, un pedido para que esta entidad inste a Evo Morales a respetar el límite constitucional de mandatos.
El órgano electoral de Bolivia habilitó a Morales para aspirar a un cuarto mandato, hasta 2025, al entender que el fallo del Constitucional prevalece sobre la Constitución y el referéndum.
El Constitucional ya autorizó para un tercer periodo a Morales, en el poder desde 2006, al entender que el primero no contaba porque el país se refundó en 2009 de República a Estado Plurinacional.