El juicio político en contra de la suspendida presidenta brasileña Dilma Rousseff enfila ya la recta final luego de que este sábado declarara el último testigo de su defensa, su ex ministro de Haciendo Nelson Barbosa, uno de los responsables de la política económica en su Gobierno.
Rousseff está acusada de emitir decretos que modificaron los presupuestos sin la venia del Congreso y de contratar créditos con la banca pública en favor del Gobierno.
Según Barbosa, los decretos se enmarcaron en la legalidad, pues si bien no fueron autorizados por el Parlamento, alteraron partidas pero no valores y de ese modo no representaron un aumento del gasto, como sostiene la acusación.
Sobre los otros cargos, afirmó que "no tienen sustento legal" ya que, en su opinión, no hubo créditos, sino "atrasos" en depósitos que el Gobierno debía hacer en la banca pública, usada como agente de pago, para costear planes sociales y de apoyo a la agricultura.
"La morosidad jamás es un atraso. No hay ninguna ley que diga eso", argumentó el ex ministro.
Las demoras en los depósitos fueron entre 2014 y 2015, alcanzaron peaks de unos 50.000 millones de reales (hoy unos 15.600 millones de dólares), generaron elevados intereses e incluso fueron omitidos de los balances del Gobierno, que no los contabilizó como deudas.
La acusación sostiene que el hecho de haber ocasionado intereses convirtió a los atrasos en créditos del Gobierno con bancos públicos que controla, lo cual está vedado por la ley, y que la ausencia de esas operaciones en los balances supone un delito de "omisión".
El ex ministro de Hacienda sostuvo que la acusación contra la mandataria suspendida "no tiene ningún sustento". (Foto: Agencia EFE)
La última oportunidad de Rousseff
La mayoría de los 81 senadores ya han manifestado su convicción de que Rousseff incurrió en esas irregularidades y sostienen que la Constitución los considera "delitos de responsabilidad", para los cuales contempla como pena la destitución.
Rousseff tendrá una última oportunidad de presentar su defensa este lunes, cuando comparecerá personalmente ante el Senado para exponer sus alegatos-
Tras escuchar a Rousseff, el Senado abrirá una sesión de debates y, entre martes y miércoles, procederá a la votación definitiva, en la que será necesaria, para destituirla, una mayoría calificada de dos tercios, es decir, 54 votos. Hoy las encuestas ya contabilizaban 52.
Si así fuera, continuaría en el poder Michel Temer, quien en su condición de vicepresidente sustituye a la mandataria desde el 12 de mayo pasado, cuando se instauró el proceso y fue suspendida de sus funciones.
El momento decisivo
En la sesión del lunes, Rousseff dispondrá de media hora para su exposición y luego deberá responder a las preguntas que pueda hacer cada uno de los 81 senadores.
Para destituir a Dilma Rousseff se requieren 54 votos de los senadores y, según las encuestas, ya cuentan con 52. (Foto: Agencia EFE)
Hasta la mañana de hoy ya se habían inscrito para interrogar a Rousseff 42 senadores, pero fuentes parlamentarias dijeron a EFE que entre el domingo y el mismo lunes esa cifra deberá llegar a 70 por lo menos.
"Será el momento más importante y decisivo", explicó a la agencia española la senadora Ana Amelia Lemos, quien ya adelantó que votará por la destitución de la mandataria.
Para la que puede ser su última aparición pública en su condición de presidenta, aún suspendida de sus funciones, Rousseff prepara una "puesta en escena" de impacto para defenderse de las acusaciones de irregularidades fiscales que la tienen al borde del abismo político.
La mandataria irá al Senado acompañada por decenas de líderes políticos de izquierdas, encabezados por su antecesor y padrino político Luiz Inácio Lula da Silva, quien está en problemas tan graves como los de Rousseff, pero con la justicia penal.
Este viernes, Lula y su esposa, Marisa Leticia, fueron acusados formalmente por la Policía Federal por asuntos de corrupción y ahora sólo falta que la Justicia decida si lo acepta a trámite y sienta al exmandatario en el banquillo de los reos.