Mandataria pretende dar respuesta a protestas que se han tomado las calles de Brasil.
Consulta abordará financiación de campañas y un posible cambio del sistema electoral, entre otros puntos.
Dilma Rousseff propuso cinco puntos para reformar el sistema político en Brasil.
El gobierno de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, pidió formalmente al Congreso Nacional que convoque un plebiscito para una reforma política que, en su opinión, debe centrarse en cinco puntos, según informaron fuentes oficiales.
La mandataria, quien con el plebiscito pretende dar respuesta a las protestas que se han tomado las calles del país desde el pasado 10 de junio, sugirió que la consulta aborde la financiación de campañas, el sistema electoral, las suplencias de parlamentarios, las coaliciones partidarias y el voto secreto en las cámaras.
El pedido fue entregado a las autoridades parlamentarias por el vicepresidente, Michel Temer, y el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, quienes subrayaron que es sólo de una "propuesta", pues tanto el contenido del plebiscito como su propia convocatoria son atribuciones del Parlamento.
Sobre el primer punto, el gobierno sugirió consultar a la sociedad sobre si la financiación de los partidos y sus campañas debe ser solamente pública, privada o, como ocurre actualmente, mixta.
En relación al sistema electoral, la consulta sería sobre si se debe mantener o no el actual régimen de representación proporcional en las cámaras, mediante el cual los escaños se distribuyen en función de los votos recibidos por cada partido político.
La tercera propuesta apunta a que se pregunte a los electores si se deben mantener los suplentes de diputados y senadores, que sólo asumen sus escaños en los casos en que el titular renuncia, se toma una licencia, es destituido o fallece.
Rousseff también sugirió que en el plebiscito se plantee una nueva reglamentación de las coaliciones partidarias y se pregunte si se debe eliminar el voto secreto en las decisiones parlamentarias.
Las cámaras sólo contarán con poco más de tres meses para convocar el plebiscito, discutir el resultado y legislar sobre una reforma que debaten sin éxito desde hace 15 años.
