Tras dos semanas de manifestaciones se han logrado respuestas del Gobierno y el Congreso.
Los avances más importantes se han producido en transportes, educación y salud.
Las protestas se han extendido por decenas de ciudades.
Después de que dos semanas de multitudinarias protestas en Brasil contra la corrupción y los costos de organizar la Copa de Confederaciones y el Mundial de 2014, el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y el Congreso han respondido a algunas de las peticiones de los manifestantes.
Silvia Salek, editora del Servicio Brasileño de la BBC, dijo que las victorias conseguidas esta semana, relacionadas con la educación y la salud y con una polémica enmienda constitucional, son vistas como un paso en la dirección correcta, pero que aún falta mucho por hacer.
La velocidad con la que el Congreso ha respondido a "la voz de la calle" es sorprendente, añadió la periodista.
El poder legislativo ha prometido discutir, con una urgencia atípica, propuestas para que el transporte sea gratuito para los estudiantes y para que la corrupción sea considerada un crimen "atroz".
Transporte
Las protestas empezaron como una reacción al aumento del precio del boleto de autobús, metro y tren, dispuesto a inicios de junio, de 3 reales (700 pesos chilenos) a 3,20 (750 pesos).
Las primeras movilizaciones fueron convocadas por la organización Movimiento Pase Libre (MPL), una agrupación de base estudiantil que promueve políticas de transporte público gratuito de carácter masivo.
La semana pasada, las autoridades informaron que revocaron el aumento del pasaje de transporte colectivo en Río de Janeiro, Sao Paulo y otras ciudades.
El presidente del Senado, Renan Calheiros, propuso transporte gratuito para todos los estudiantes.
En una reunión con los líderes del Frente Nacional de Alcaldes y Gobernadores, la presidenta propuso un pacto sobre la movilidad urbana y habló de inversiones de alrededor de 25.000 millones de dólares para mejorar el sistema de transporte público, informó Rodrigo Pinto, periodista del Servicio Brasileño de la BBC.
"Es la primera vez que un gobierno federal acuerda discutir nuevas exenciones y usar los recursos de un impuesto federal para subsidiar una reducción de las tarifas del transporte público colectivo", indicó el prefecto de Porto Alegre, José Fortunatti, tras el encuentro con la presidenta.
La Comisión de Asuntos Económicos del Senado, controlada por el oficialismo, aprobó por unanimidad un proyecto de ley que exime al sistema de transporte público de tasas y contribuciones.
Reforma política
Rousseff propuso el lunes cambiar la forma de hacer política en el país. Durante un encuentro con gobernadores estatales y alcaldes brasileños, la mandataria planteó lograr "pactos nacionales" sobre transporte, salud y educación y sugirió convocar a una asamblea constituyente para concretar una reforma política postergada.
"Quiero, en este momento, proponer un debate sobre la convocatoria de un plebiscito popular que autorice el funcionamiento de un proceso constituyente específico para hacer la reforma política que el país tanto necesita", dijo.
Sin embargo, la idea de convocar una Asamblea Constituyente fue rechazada por el presidente de la Cámara de Diputados, Henrique Eduardo Alves, por el Colegio de abogados y varias organizaciones políticas.
Según la agencia de noticias EFE, el ministro de Educación, Aloizio Mercadante, afirmó que no había "tiempo para realizar una Constituyente" como se había propuesto.
Se prevé que antes de octubre el gobierno convoque un plebiscito para consultarles a los brasileños sobre el contenido de la reforma política.
La idea es que se puedan "concretar temas" como el financiamiento de las campañas y la representación política.
Educación y salud
El 21 de junio, la presidenta brasileña reconoció que los manifestantes pusieron de relieve los problemas profundos de la sociedad de su país y admitió que deben esos asuntos debían ser atendidos.
Rousseff prometió mejorar el sistema de transporte público y los servicios de salud, y aseguró que esperaba que el Congreso aprobara un plan para destinar a la educación el 100 por ciento de los recursos provenientes del petróleo.
"Necesitamos oxigenar nuestro sistema político y volverlo más transparente", indicó la mandataria.
El martes, la Cámara de Diputados aprobó que 75 por ciento de las regalías provenientes de la explotación de yacimientos petroleros recién descubiertos se destinen a la educación y que 25 por ciento al sector de la salud.
La medida debe ser sometida a la consideración del Senado y no está claro cuándo dichas regalías comenzarán a usarse.
Algunos de los grandes yacimientos petrolíferos descubiertos en años recientes se ubican en la costa brasileña. El país podría ser capaz de producir decenas de miles de millones de barriles de crudo en las próximas décadas.
Sin embargo, muchos de esos hallazgos son reservas "pre-sal" ("debajo de la sal"), ubicadas en la profundidad del oceáno.
El proceso de extraer petróleo de tal profundidad conlleva grandes riesgos, tiempo y requiere de nuevas tecnologías, según explican los expertos.
"La reservas de petróleo pre-sal pueden ser un elemento importante en tiempos en que el crecimiento económico se vuelve lento, pero lo que realmente se extraerá de los yacimientos profundos recientemente descubiertos está aún por verse", explicó Silvia Salek, editora del Servicio Brasileño de la BBC.
Por otra parte, el ministro de Salud, Alexandre Padilha, anunció la apertura, para 2017, de 12.000 cupos en cursos de especialización y de residencia en hospitales públicos y la contratación de médicos extranjeros para trabajar en áreas que no despierten el interés de los profesionales brasileños.
Enmienda constitucional
Una de las banderas de los manifestantes era la derogación de la Propuesta de la Enmienda Constitucional número 37, conocida como PEC 37.
La propuesta buscaba limitar las investigaciones criminales a las policías Civil y Federal, con lo cual se restringía la actuación del Ministerio Público.
Los críticos de la enmienda señalaron que de entrar en vigencia pondría en riesgo la habilidad de los fiscales para llevar a cabo investigaciones criminales y de corrupción efectivas, justas e independientes.
El martes, la Cámara de Diputados rechazó la propuesta que el Congreso evaluaba para reducir los poderes de investigación del Ministerio Público, especialmente en los casos en los que hubiese parlamentarios y políticos involucrados.
La medida fue derrotada por 430 votos en contra, nueve a favor y dos abstenciones.
"El fracaso de la PEC 37 ha sido celebrada en las redes sociales por ser una forma de mantener a los fiscales federales del Ministerio Público, una de las pocas instituciones con prestigio en Brasil, al frente de la lucha contra la corrupción", indicó Salek.
Sin embargo, como señala la periodista brasileña, ninguno de los políticos de alto perfil sentenciado en uno de los principales escándalos de corrupción en Brasil, conocido como Mensalao, se encuentra tras las rejas.
