En el 2013 se realizaron más 440.000 partos por esta vía.
"No hay otra alternativa que tratarlo como un problema de salud pública", señaló el ministro de Salud, Artur Chioro.
El 84 por ciento de las mujeres que tienen seguro privado en Brasil se practica cesáreas.
El Ministerio de Salud de Brasil considera una "epidemia" el aumento de los partos por cesárea, razón por lo que propugna una serie de medidas para desincentivar esta práctica y estimular el parto natural en el país más poblado de Sudamérica.
Según datos oficiales, las cesáreas se realizan al 84 por ciento de las mujeres que tienen seguro privado en Brasil, un índice que se sitúa en torno al 40 por ciento en la red pública, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que esa cifra no sobrepase el 15 por ciento.
Sólo en 2013 se realizaron en Brasil 440.000 partos mediante esta técnica, un número que encendió la alarma de las autoridades sanitarias brasileñas.
"Es inaceptable la epidemia de cesáreas que tenemos en nuestro país. No hay otra alternativa que tratarla como un problema de salud pública", comentó el ministro de Salud, Artur Chioro.
Medidas
En su lucha por fomentar los partos naturales, el Gobierno carioca decretó que los médicos brasileños justifiquen a través de un informe la elección del parto por cesárea y los seguros privados podrán negarse a pagar la operación si consideran que no ha sido necesaria.
Sin embargo, para la Asociación Paulista de Medicina, estas declaraciones generan "alarmismo" entre las mujeres y "demonizan" la cesárea.
"La decisión del Ministerio es arbitraria. La paciente tiene que ser respetada. Tienen que tener autonomía (para decidir entre el parto natural o la cesárea). El ministro no puede quitarles ese derecho", dijo Newton Eduardo Busso, presidente de la sección de ginecólogos de la Asociación Paulista de Medicina.
Las medidas también permitirán que las pacientes puedan solicitar a las operadoras los antecedentes del porcentaje de cesáreas y de partos normales realizadas por los médicos y los hospitales con el fin de tener más información a la hora de tomar una decisión.
Las medidas, que fueron sometidas a consulta pública entre octubre y noviembre del pasado año, entrarán en vigor en un plazo de 180 días.
