El secretario de Derechos Humanos dijo que la ley que fijó los pagos tiene "distorsiones" que permiten "el enriquecimiento de algunas personas con el dinero público que falta a programas sociales".
El gobierno brasileño estudia bajar las indemnizaciones y pensiones que el Estado paga a las víctimas de la dictadura militar que imperó en el país entre 1964 y 1985.
"El gobierno está conversando para cambiar eso", dijo en entrevista que publica el diario O Estado de Sao Paulo José Genoíno, ex guerrillero y presidente del Partido de los Trabajadores (PT), la formación socialista que abandera el jefe del Estado, Luiz Inácio Lula da Silva.
La cuenta de las indemnizaciones, según fuentes oficiales, asciende a 4.000 millones de reales o unos 1.434 millones de dólares.
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos consideran que la dictadura brasileña fue responsable de la muerte o desaparición de aproximadamente 500 personas.
Genoíno y el secretario de Derechos Humanos, Nilmário Miranda, coinciden en que la Ley de Amnistía, aprobada por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), promueve indemnizaciones y pensiones millonarias.
Miranda dijo a O Estado de Sao Paulo que la Ley de Amnistía "contiene distorsiones graves porque permite el enriquecimiento de algunas personas con el dinero público que falta a programas sociales importantes".
El presidente del Partido de los Trabajadores aseguró que la citada norma benefició a "gente que ni llegó a recibir una bofetada o un pellizco" durante los 21 años de dictadura.
Las familias de los muertos y desaparecidos durante el régimen militar han recibido indemnizaciones de hasta un tope 150.000 reales (unos 53.763 dólares).
Las víctimas del régimen de facto que quedaron vivos disfrutan desde 2001 de pensiones vitalicias e indemnizaciones retroactivas libres de impuestos que pueden llegar a 10.000 reales (3.584 dólares) en el caso de las pensiones y a dos millones de reales (716.846 dólares) en el de las indemnizaciones.
El abogado Belisario dos Santos Júnior, defensor de los militantes de izquierda, afirmó que las indemnizaciones y pensiones a las víctimas del régimen dictatorial deben de tener un límite económico.
"Si no hay un límite, usted no sabe a dónde va a parar la cuenta", dijo el letrado.
Fuentes oficiales indicaron que el gobierno pretende ahora estimular la apertura de la discusión "de una forma natural", para no dar la sensación de que mantiene una postura contraria a las víctimas de la dictadura.
Además de Genoíno, el mismo presidente Lula y varios de sus más cercanos colaboradores en el Gobierno fueron activos opositores del régimen militar.
Según el periódico paulista, el gobierno de Lula llegó a plantearse la posibilidad de cambiar la Ley de Amnistía poco después de recibir la presidencia del país en enero de 2003 de manos de Fernando Henrique Cardoso, que también tuvo que buscar el exilio durante la dictadura. (EFE)
