La decisión es parte del “proceso de renovación” determinado por el presidente Luis Inácio Lula da Silva luego de los hechos ocurridos el 8 de enero.
Una línea de investigación apunta a que algunos miembros de Seguridad -entre ellos el exresponsable del órgano- facilitaron la acción de los bolsonaristas.
El Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) de la Presidencia brasileña destituyó este miércoles a 29 militares, en una decisión que apunta a expurgar ese organismo tras la intentona golpista del pasado 8 de enero, según fuentes oficiales.
"La medida es parte del proceso de renovación determinado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva", explicó en una nota oficial el GSI, que tiene estatus de ministerio.
El titular de ese organismo, responsable por la seguridad de la Presidencia, es desde la semana pasada Ricardo Cappelli, quien sustituye en forma interina al general Marco Gonçalves Dias, quien renunció tras la divulgación de unos polémicos vídeos sobre lo que sucedió el 8 de enero.
En esa fecha, ocho días después de la investidura de Lula, una horda de activistas de la ultraderecha que apoya al exmandatario Jair Bolsonaro asaltó las sedes de los tres poderes de la Nación con la intención de derrocar al Gobierno del líder progresista.
En las imágenes que llevaron a la dimisión de Gonçalves Dias, el ahora exministro aparece en el interior del Palacio presidencial en medio de la invasión, junto a otros de los miembros de la seguridad, en una actitud que pudiera sugerir una cierta complacencia y hasta amabilidad con los golpistas.
Una de las líneas de la investigación interna que desarrolla el Gobierno apunta a la posibilidad de que algunos miembros del GSI, que permanecían en el organismo pero habían sido nombrados durante la gestión de Bolsonaro, facilitaron de alguna manera las acciones de los golpistas.
La destitución de los 29 militares del GSI ha sido anunciada en momentos en que el Parlamento ha decidido investigar los sucesos de enero e instaurar una comisión especial para ese fin.
La comisión ha sido promovida por la oposición de derecha, la cual sostiene que el Gobierno incurrió en "omisiones" y "fallos" de seguridad, con una supuesta intención de generar una "ola de solidaridad" con Lula.
Esa versión ha sido calificada de "disparate" por el oficialismo, que inicialmente se opuso a la investigación parlamentaria, por el "ruido político" que puede generar, pero pasó a apoyarla después de que se difundieron los vídeos que han sembrado sospechas sobre la actuación de Gonçalves Dias el día de la asonada.
