La Corte Suprema impuso medidas cautelares como arraigo nacional, uso de tobillera electrónica y reclusión domiciliaria durante las noches.
Fueron en total 1.418 personas las detenidas tras el intento de golpe de estado a comienzos de año, la mayoría activistas de ultraderecha que apoyaba a Jair Bolsonaro.
La Corte Suprema de Brasil concedió este martes el beneficio de la libertad provisional a 102 acusados de los actos golpistas del pasado 8 de enero, cuando miles de activistas de ultraderecha atacaron las sedes de los tres poderes de la Nación.
Tras esa decisión, adoptada por el juez Alexandre de Moraes, quedan en prisión unas 800 personas, acusadas de diversos delitos, que incluyen desde amenazas y atentados contra la democracia y el Estado de derecho, hasta destrucción de patrimonio público, entre otros.
La libertad provisional ya le había sido otorgada a 516 de las 1.418 personas detenidas durante los sucesos del 8 de enero y en días posteriores, en el marco de investigaciones que tramitan bajo secreto judicial.
Como en los casos anteriores, la Justicia concedió la libertad provisional con algunas medidas cautelares, entre las cuales están el uso de tobillera electrónica y reclusión domiciliaria durante las noches.
La Justicia retendrá los pasaportes de los liberados, que no podrán abandonar las ciudades en que residen sin autorización judicial, no podrán utilizar las redes sociales y deberán presentarse ante las autoridades una vez por semana mientras continúe el proceso.
En su mayoría, los acusados son activistas de una ultraderecha violenta que apoyaba al expresidente Jair Bolsonaro y que se negó a reconocer la victoria del progresista Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre pasado.
Los actos golpistas ocurrieron una semana después de la toma de posesión de Lula y, según han confesado muchos de los detenidos, el objetivo era sembrar el caos y forzar una intervención militar para derrocar al nuevo Gobierno y declarar nulas las elecciones.
Las investigaciones están a cargo de la Policía Federal, que aún está en búsqueda de quienes financiaron esos actos antidemocráticos, que implicaron la movilización de activistas desde diversos puntos del país hacia Brasilia.
Asimismo, se intenta determinar si las autoridades policiales e incluso militares colaboraron de alguna manera con el movimiento golpista, sea por su participación directa o por supuestas omisiones en la represión de los actos antidemocráticos.
