La Corte Suprema analizará un "habeas corpus" presentado por la defensa del ex mandatario.
Si se acepta podría permanecer en libertad mientras se tramiten las dos últimas apelaciones posibles, pero si fuera negado arriesga ir a la cárcel.
La noche de este martes miles de personas se manifestaron tanto a favor como en contra del posible encarcelamiento de Lula.
El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva estará el miércoles frente a una encrucijada judicial, en la que la Corte Suprema decidirá si va a prisión tras ser condenado por corrupción o si tendrá derecho a apelar a ese fallo en libertad.
Los 11 magistrados del Supremo analizarán un "habeas corpus" presentado por la defensa de Lula en el cual se sostiene que, aún ratificada la condena en segunda instancia, como es su caso, restan apelaciones en tribunales superiores y, por tanto, la pena todavía no puede ser ejecutada.
A esa tesis se opone una cautelar dictada por el propio Supremo en 2016, que autoriza el encarcelamiento después de que un fallo haya sido confirmado en segunda instancia.
En el caso de Lula, declarado culpable de haberse beneficiado en forma ilícita de las corruptelas en Petrobras mediante la cesión de un apartamento en un balneario paulista, la sentencia en la primera instancia fue de nueve años de cárcel, aumentada a doce en una corte superior.
Diez días atrás, el Supremo aceptó discutir el "habeas corpus" presentado por los abogados de Lula y además, por un ajustado resultado de seis votos contra cinco, impidió cautelarmente que sea encarcelado hasta que se falle sobre ese recurso.
De ese modo, si el "habeas corpus" fuera acatado, Lula podrá seguir apelando en libertad a la condena, primero al Superior Tribunal de Justicia y luego ante el propio Supremo, en un proceso que pudiera llevar hasta dos años, según el ritmo de los tribunales brasileños.
No obstante, si fuera rechazado, su encarcelamiento debería ser ordenado en cuestión de horas o, a lo sumo, de días.
Brasilia amaneció con seguridad reforzada
La capital brasileña amaneció este miércoles con la seguridad reforzada, restricciones de tránsito y unos 4.000 policías en su zona central, en previsión de incidentes por el juicio que decidirá la suerte de Lula.
Diversos grupos que respaldan la tesis de que Lula es objeto de una "persecución política" han anunciado que se manifestarán frente al Supremo, pero también harán lo mismo aquellos que consideran a Lula culpable de corrupción y quieren verle tras las rejas.
Para evitar posibles enfrentamientos, las autoridades decidieron que ambos bandos serán separados por vallas metálicas y tendrán un sitio particular para seguir las incidencias de la audiencia, en el área externa de la sede del Supremo.
También fue cerrado al tránsito la Explanada de los Ministerios, una céntrica avenida en la que se encuentran todos los edificios del poder público y en uno de cuyos extremos se encuentran el Palacio presidencial, el Congreso Nacional y la sede de la Corte Suprema.
La noche de este martes miles de personas se manifestaron tanto a favor como en contra del posible encarcelamiento de Lula, sin que hubiera incidentes.
Las movilizaciones se registraron en decenas de ciudades del país, en las que fueron claramente mayoritarias aquellas en la que se exigió que el expresidente vaya a la cárcel.
