El Tribunal Supremo Federal resolverá si el ex presidente deberá cumplir su condena tras las rejas.
El otrora mandatario. de 72 años, sigue incansable y pretende continuar recorriendo Brasil para preservar su imagen.
El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años de cárcel por corrupción, enfrenta una semana decisiva pendiente del Tribunal Supremo, que deberá decidir si el ex mandatario agota los recursos en libertad o cumple su pena entre rejas.
Cercado por la Justicia, Lula (2003-2010) se encuentra a un paso de la cárcel después de que un tribunal de segunda instancia negara los recursos presentados por la defensa, aunque su prisión está ahora en manos del la máxima corte del país.
Los once magistrados del Tribunal Supremo Federal (STF) analizarán el miércoles el "habeas corpus" presentado por los abogados de Lula para que el ex presidente pueda cumplir la pena en libertad hasta que los recursos sean juzgados por instancias superiores, como el Tribunal Superior de Justicia o el propio STF.
El análisis del "habeas corpus" comenzó el pasado 22 de marzo, pero tras cinco largas horas de discusiones los jueces del Supremo decidieron aplazar la decisiva sesión hasta el próximo 4 de abril, cuando será reanudada.
Además, por 6 votos a 5, el Supremo otorgó un salvoconducto a Lula y prohibió que vaya preso hasta que haya una sentencia sobre el asunto.
Prevén votación "muy ajustada"
El ex líder sindical fue condenado el pasado 24 de enero por el Tribunal Regional Federal de Porto Alegre a 12 años de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco de la operación Lava Jato.
Esa misma corte rechazó esta semana los recursos presentados por la defensa, aunque los abogados buscan nuevos mecanismos judiciales en ese tribunal para posponer la condena.
Lula está cerca de la cárcel, pero será el Supremo el que deberá decidir si le abre o no las puertas de la prisión al político más carismático de Brasil, quien lidera todas las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales del 7 de octubre.
Especialistas del sector jurídico prevén una votación muy ajustada entre los once jueces del Supremo y consideran fundamental el voto de la magistrada Rosa Webber, quien no ha dejado clara su postura y podría inclinar la balanza a uno u otro lado.
La presión sobre el Supremo se ha intensificado en las últimas semanas y movimientos a favor y en contra de Lula han convocado protestas durante el juicio del "habeas corpus" en diferentes ciudades de Brasil.
Además, jueces y miembros del Ministerio Público de todo el país pretenden entregar mañana al Supremo un documento firmado para que la máxima corte mantenga la prisión después de la condena en segunda instancia.
En 2016, el Supremo autorizó que una sentencia pueda ser ejecutada una vez concluyan todas las apelaciones en segunda instancia y aún cuando haya posibilidades de otros recursos en instancias superiores, pero la decisión fue cautelar y estaba abierta a interpretaciones.
Acusan "atentado fascista" contra Lula
Mientras se define su futuro, Lula insiste en defender su inocencia y esta semana repitió el discurso de que es víctima de una persecución política y judicial, durante una gira por los estados del sur de Brasil, la cual se vio empañada por las protestas en su contra y los actos de violencia.
Dos autobuses de la caravana de Lula recibieron disparos y el Partido de los Trabajadores (PT) consideró el ataque "atentado fascista" que tiene en su punto de mira al ex mandatario.
A sus 72 años, Lula sigue incansable y pretende continuar recorriendo Brasil para preservar su imagen, fuertemente dañada por los escándalos de corrupción que en los últimos años han cuestionado su honestidad.
El ex tornero mecánico tiene previsto participar este lunes en Río de Janeiro en un acto en defensa de la democracia, aunque el trasfondo de sus apariciones públicas tiene un clima de campaña electoral en un momento en el que Lula busca de nuevo la Presidencia de Brasil.
No obstante, sus aspiraciones políticas podrían ser frenadas por la justicia electoral, debido a que existen normas que impiden que un condenado en segunda instancia pueda optar a cargos públicos.
