El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este domingo en un pronunciamiento que los "vándalos fascistas" que invadieron las sedes de los tres poderes del Estado serán "encontrados" y "castigados".
El mandatario progresista calificó de "barbarie" los graves altercados vividos hoy en la capital brasileña por parte de radicales de la extrema derecha que exigen una "intervención" militar que devuelva al poder al exgobernante Jair Bolsonaro, quien se encuentra en Estados Unidos.
Miles de partidarios radicales de Bolsonaro provocaron el caos este domingo en Brasilia al invadir y destrozar los edificios del Congreso Nacional, el Palacio de Planalto -sede del Ejecutivo- y la Corte Suprema.
Agregó que los radicales han sido "estimulados" por el exmandatario y que "pagarán con la fuerza de la ley" por los disturbios provocados.
"Vamos a descubrir a los financiadores" de esas protestas violentas y de cuño golpista, que "destruyeron todo lo que encontraron a su paso", indicó Lula, quien denunció fallos de seguridad por parte del Gobierno del Distrito Federal de Brasilia.
INTERVENCIÓN DEL ÁREA DE SEGURIDAD DE BRASILIA
El presidente decretó, además, la intervención federal en el área de la seguridad de Brasilia.
Lula nombró como interventor a Ricardo Capelli, secretario general del Ministerio de Justicia, quien será el responsable de toda el área de Seguridad en la capital hasta el próximo 31 de enero y estará subordinado directamente al presidente.
Con la intervención, los órganos de Policía de la capital pasan a estar controlados por el interventor, que a su vez solo responde ante Lula.
El interventor tendrá poderes para requerir fondos y bienes a disposición del Gobierno regional del Distrito Federal de Brasilia para desempeñar sus funciones, según un decreto leído por Lula.
El mandatario dijo que quien debería haber estado a cargo de la seguridad en Brasilia "no hizo" sus funciones.
"La democracia garantiza el derecho de la libertad de expresión", pero "exige que las personas respeten las instituciones", manifestó Lula, quien juró como jefe de Estado de Brasil el pasado 1 de enero.
Lula se encontraba este domingo en Araraquara, en el interior de Sao Paulo, para conocer los daños provocados por las fuertes lluvias de los últimos días en la región.
DESTITUYEN AL JEFE DE SEGURIDAD DE BRASILIA, ALIADO DE BOLSONARO
Poco antes del anuncio de Lula, el secretario de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia, Anderson Torres, aliado de Bolsonaro, fue destituido de su cargo este domingo, tras la invasiones de bolsonaristas radicales a las sedes del Parlamento, la Presidencia y la Corte Suprema.
"Determiné la destitución del secretario de Seguridad del Distrito Federal, al mismo tiempo que puse en las calles a todos los cuerpos de seguridad, con la determinación de detener y sancionar a los responsables", afirmó el gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, en sus redes sociales.
Rocha también solicitó el apoyo del Gobierno de Lula y colocó su gabinete a disposición de los poderes federales.
No obstante, Lula determinó por decreto una intervención federal en la capital brasileña que le retira las facultades a Rocha en todo lo concerniente a la seguridad pública y se las otorga al interventor designado.
Torres acababa de asumir la Secretaría de Seguridad de Brasilia, tras ejercer como ministro de Justicia en los dos últimos años de mandato del Gobierno de Bolsonaro, que dejó el poder el pasado domingo, cuando Lula juró como nuevo jefe de Estado.
Sin embargo, una semana después de asumir como responsable del área de seguridad de Brasilia fue despedido de forma fulminante, ante el caos instalado en la capital brasileña, después de que miles de partidarios radicales de extrema derecha invadieran las sedes del Congreso, el Palacio de Planalto -sede del Gobierno- y el Supremo.
Después de la destitución, la Abogacía General de la Unión (AGU) envió un oficio al magistrado de la Corte Suprema y presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Alexandre de Moraes, en el que pide la prisión de Torres y de "todos los agentes públicos responsables por los actos y omisiones".
De igual manera, la AGU solicitó "la adopción de otras medidas cautelares que impidan la práctica de nuevos actos criminales".
