El joven falleció tras masiva manifestación en Belo Horizonte.
Además, el Senado brasileño convirtió el delito de corrupción en “crimen atroz”.
El joven cayó desde un viaducto durante manifestación que reunió a 50.000 personas en Belo Horizonte.
Un joven brasileño que cayó de un viaducto durante la protesta del miércoles por mejores servicios públicos en la ciudad de Belo Horizonte murió este jueves, víctima de múltiples fracturas, en el hospital en el que estaba ingresado, informó la policía.
Douglas Henrique de Oliveira, de 21 años, se convirtió en la quinta víctima mortal de las protestas sociales que comenzaron el 10 de junio en Sao Paulo y que se han extendido a todo el país.
El joven cayó el miércoles desde un viaducto por el que pasaba la manifestación, que reunió a cerca de 50.000 personas en Belo Horizonte, y sufrió múltiples fracturas, especialmente en la cabeza y las piernas.
El estudiante fue rescatado por los bomberos y conducido al hospital Joao XXIII, pero nada se pudo hacer por salvarle y murió en la madrugada de este jueves.
La protesta en Belo Horizonte fue la mayor entre las registradas el miércoles y coincidió con el partido por la Copa Confederaciones en esa misma ciudad en que Brasil derrotó (2-1) a Uruguay y clasificó para la final.
Los cerca de 50.000 manifestantes congregados en Belo Horizonte marcharon por calles próximas al estadio Mineirao a la misma hora del partido y los enfrentamientos generaron graves incidentes que dejaron 25 detenidos y siete heridos, entre ellos De Oliveira y otro estudiante que cayó del mismo viaducto cuando los manifestantes huían de la policía.
Corrupción como "crimen atroz"
Además, en el marco las protestas en las calles del país, se logró este miércoles la aprobación por parte del Senado de la República del proyecto que transforma el delito de corrupción en "crimen atroz".
Según informó El País, la decisión deberá ser ratificada por la Cámara de Diputados. Con esta nueva ley, los condenados por corrupción tendrán penas mucho mayores que pueden llegar a los 12 años de cárcel.
Pierden también el derecho a la amnistía, indulto y pago de fianza para dejar la cárcel y los condenados tendrán mayores dificultades para obtener la libertad condicional.
